No se amedrenta. El juez Pablo Llarena, a quien el independentismo acusa de actuar al servicio del Gobierno español, acaba de protagonizar un inesperado desmarque al pedir explicaciones a Cristóbal Montoro. Lo ha hecho oficialmente, en forma de requerimiento, después de que el ministro de Hacienda asegurara en una entrevista periodística que no existen partidas públicas en las finanzas de la Generalitat destinadas a la financiación del procés.

Este acto de reafirmación judicial se producía horas después de que los dirigentes independentistas procesados aprovecharan una nueva comparecencia ante el Tribunal Supremo para arremeter contra el juez, a quien han acusado de imparcial, de criminalizar el movimiento secesionista y de crear con sus actuaciones “presos políticos”. La embestida de los inculpados, que responde a un cambio de estrategia de defensa que perpetua el enfrentamiento con el Estado, se une a la campaña de acoso a Llarena en particular y a la Justicia española en general de los agitadores del procés.

Acoso a su familia

Así, mientras los cachorros de la CUP hacen pintadas junto a la vivienda del magistrado en La Cerdanya, TV3 divulga datos personales de Llarena y de su esposa, algo que está investigando el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC). La reprobación del juez se ha hecho extensiva al terreno institucional de forma que, quienes denunciaban desde hace meses la judicialización de la política catalana, han decidido ahora presentar una querella por prevaricación contra el magistrado, al que acusan de vulnerar el derecho político de Jordi Sànchez a ser investido presidente de la Generalitat. En efecto, el Parlament decidió la semana pasada querellarse contra Llarena, una medida que, advierte la oposición, podría incurrir en malversación.

Es precisamente ese delito el que investiga Llarena, pero respecto al dinero que el Govern gastó supuestamente en la financiación del referéndum ilegal del 1-O. Los informes de la Guardia Civil apuntan que existen partidas destinadas a ello, pero Montoro asegura que no. Hay que recordar que el Gobierno controla las finanzas de la Generalitat desde meses antes de que se aplicar el artículo 155 de la Constitución, concretamente desde julio de 2017.

En el foco internacional

Lo que menos necesita ahora Mariano Rajoy es evidenciar fallos en la cadena de intervención de las cuentas catalanas en pleno pulso con Ciudadanos. Montoro lo sabe y, de ahí, esas afirmaciones categóricas. Llarena, en el ojo del huracán mediático, tampoco puede cometer errores. La Justicia alemana parece dispuesta a enmendar la extradición de Carles Puigdemont, mientras que en Bélgica se ha aplazado la vista por la euroorden de Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig.

Por ello, el requerimiento enviado por el juez a Montoro, y con urgencia, suena a reafirmación personal. Si el independentismo dudaba de la separación de poderes, Llarena ha dado un ejemplo de ello.