Las acciones de los CDR pueden penarse como terrorismo, según el fiscal general

Las acciones de los autodenominados comités de defensa de la república (CDR) “entran dentro” de la definición de terrorismo que figura en el artículo 573 del Código Penal. Así lo defiende el fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, quien asimismo avisa de que podrían recurrir la decisión del juez Diego de Egea de poner en libertad a Tamara C.G., la integrante de los CDR imputada por un delito de desórdenes públicos.

“Como no se ha considerado así [terrorismo], la Fiscalía está valorando la decisión tomada por el juez en el día de ayer y lo estudiaremos a efectos de recurrir o no recurrir”, ha explicado Sánchez Melgar antes de clausurar un curso en Santander. A preguntas de los periodistas, ha recordado las imágenes vistas en televisión para defender su argumento.

Colaboración europea

Por otra parte, Sánchez Melgar ha guardado silencio sobre el resultado de la reunión mantenida ayer entre las fiscalías de Alemania y España para abordar la euroorden de detención al expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, al ser “confidencial”. Lo único que ha añadido es que se sigue trabajando para que la euroorden “pueda salir adelante como mecanismo de cooperación entre dos países de la Unión Europea”.

Después en la clausura, el fiscal general ha destacado la proximidad de una fiscalía europea y ha señalado que cuando exista se trabajará en una “mayor cooperación” nacional e internacional, con “plena aceptación” de los ordenamientos jurídicos y de las resoluciones de todos los países y con “plena confianza de que todos somos uno”.

El Ministerio Fiscal en Cataluña

“El día en que una euroorden sea un exhorto habremos avanzado mucho. Yo creo que debiéramos avanzar por esa materia. Lo mismo que el juez de Zamora no le cuestiona al juez de San Sebastián su actuación cuando le pide una cooperación judicial, así debe pasar entre el juez de Múnich y el juez de otro país”, ha alegado.

El fiscal general también ha defendido la actuación del Ministerio Fiscal en Cataluña, cuando “no se cumple la ley” y se desatienden los mandatos del Tribunal Constitucional y se “adentra uno en la comisión de uno o varios tipos penales”: “Porque es su misión defender, no solamente la legalidad, sino también la legalidad penal en esta materia”.