Sànchez pide a Llarena poder asistir a su investidura

El abogado de Jordi Sànchez ha presentado en el Tribunal Supremo un escrito en el que pide que se tomen medidas para garantizar los derechos políticos del diputado y le permita ser investido el próximo viernes como presidente de la Generalitat en el pleno señalado en el Parlament. En el documento se recuerda la resolución del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En concreto, los letrados del expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC, encarcelado en Soto del Real, pide que se le deje en libertad provisional para poder acudir a la sesión plenaria, que se le dé un permiso para asistir o, en caso de que ninguno de los dos supuestos pueda ser, pueda intervenir por videoconferencia.

El escrito de Sànchez, que puede leerse en este enlace, indica que "la resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 23/03/2018 ha instado al Estado español a garantizar cautelarmente los derechos que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce en su art. 25 a mi mandante, entre ellos, 'Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente' y 'Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país'”.

Por ello, entiende que "garantizar que España cumpla con sus compromisos internaciones en materia de derechos humanos (en especial el citado Pacto Internacional y su Protocolo Adicional facultativo) y, por ende, los arts. 10 y 96 CE, se interesa la adopción de medidas que hagan posible el ejercicio de tales derechos".

Permisos penitenciarios

Por ello, reclama que "se acuerde la libertad provisional del diputado Jordi Sànchez, a fin de que pueda acudir al debate de investidura como candidato a la presidencia de la Generalitat".  En caso de no considerarse adecuada tal posibilidad, insta a que se conceda a Sànchez "los permisos penitenciarios para poder acudir a los plenos parlamentarios de investidura".

De no entenderse tampoco oportuna la anterior medida, se pide que el diputado pueda participar en el pleno "por medio de videoconferencia desplazándose a tal efecto al lugar que Su Señoría disponga. Esta última posibilidad ha sido, ciertamente, excluida cautelarmente por el Tribunal Constitucional en el caso de personas que no se encontraban a disposición de la Justicia española, pero nada impide aceptarla en el supuesto de quienes no pueden, por estar presos, acudir físicamente al Parlamento, ello sin perjuicio de que tal posibilidad sea posteriormente aceptada por la Presidencia del Parlament en el ejercicio de las competencias que le corresponden".