Los Mossos d’Esquadra protegerán los edificios oficiales ante un posible repunte de los altercados si la justicia alemana decide extraditar a Carles Puigdemont. Este miércoles, los mandos intermedios de la policía catalana se reúnen en varias comisarías para desplegar el plan de seguridad que han llamado Minerva. El operativo incluye cuatro dispositivos de vigilancia que ya están en marcha.
Se protegerán las sedes judiciales, las oficinas de la Administración del Estado y organismos europeos, las sedes de los partidos políticos y un despliegue preventivo ante posibles manifestaciones y concentraciones. El principal objetivo es evitar incidentes como los producidos entre el 23 y el 25 de marzo.
Las decisiones del juez del Tribunal Supremo que instruye la causa sobre el procés, Pablo Llarena –el encarcelamiento de Forcadell, Turull, Rull, Romeva y Bassa, y la reactivación de la orden de detención internacional–, y la detención de Puigdemont provocaron protestas que en algunos casos terminaron con altercados, como las producidas en Barcelona, Lleida y Girona.
Los CDR
El principal objetivo son los Comités de Defensa de la República (CDR), que durante la Semana Santa han protagonizado cortes de carretera y el levantamiento de peajes. En el caso de que la conflictividad en la calle vuelva a aumentar, los Mossos activarán la máxima alerta y desplegarán sus efectivos para contrarrestar las protestas. El plan Minerva empezará este miércoles, 4 de abril, y se alargará, como mínimo, hasta el 22 de mayo.
Algunos de los edificios e instituciones a las que se prestará especial atención serán el TSJC, la Ciutat de la Justícia, la sede de la Fiscalía Superior de Catalunya, las sedes de los partidos constitucionalistas –PSC, Ciudadanos y PP–, la Delegación del Gobierno en Cataluña, el Banco de España, Hacienda, y comisarías de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Teniendo en cuenta que las decisiones sobre la extradición de los huidos –Puigdemont, Ponsatí, Serret, Comín, Puig, Rovira y Gabriel– se emitirán desde Reino Unido, Alemania, Bélgica y Suiza, también se prevé especial protección a instituciones relacionadas con estos países.