El juez instructor de la macrocausa contra el procés, Pablo Llarena, identifica en el auto publicado este viernes cómo el último Gobierno de la Generalitat gastó 1,6 millones de euros para organizar el referéndum independentista del 1-O. Un presupuesto que se dividió en cuatro partidas diferentes.
La parte del león, 979.661 euros, fueron a parrar al suministro de papeletas, el censo electoral y las citaciones de los miembros de las mesas en la jornada de votación. La siguiente partida por cuantía son los 227.804 euros que el magistrado indica que se destinaron a la campaña de publicidad y difusión de la convocatoria de la votación.
Catalanes en el extranjero y observadores
Otros 227.834 euros se usaron para el registro de catalanes que viven en el extranjero y 199.700 euros más en traer a observadores internacionales durante la celebración del referéndum ilegalizado.
Estas partidas llevan a que se haya impuesto una fianza que asciende a 2,1 millones de euros a repartir de forma solidaria entre los 14 miembros de los últimos Gobiernos de la Generalitat procesados. Todos ellos acusados del delito de malversación de caudales públicos demás de los de rebelión y desobediencia, aunque estos últimos no los comparten todos los miembros del Ejecutivo.
Políticos imputados por malversación
Los imputados por haber aprobado este gasto público son: Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Toni Comín, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Lluis Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret.
La cuantía de la fianza se calcula a partir de las partidas que Llarena ha identificado y de un tercio más que debe añadirse de acuerdo con ley por este tipo de actuaciones. Aseguran las responsabilidades pecuniarias, indica el instructor.