El juez del Tribunal Supremo que instruye la macrocausa contra el procés, Pablo Llarena, detalla en el auto de 70 páginas que ha publicado este viernes los hechos acontecidos en los últimos seis años en Cataluña para ejecutar un “plan predeterminado con el objetivo de declarar la independencia al margen de la legalidad vigente” mediante un “concierto entre partidos políticos y entidades soberanistas”. Una estrategia que ha llevado al procesamiento de 13 líderes del independentismo catalán acusados de rebelión y otros tantos por malversación y desobediencia.

El magistrado destaca que el secesionismo sigue latente en Cataluña. Recuerda que la hoja de ruta para separarse de España estaba marcada por el Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña, un documento que Artur Mas presentó en septiembre de 2014.

Imposición de un cambio

Detallaba, según el instructor del caso, los pasos que se debían seguir y abordaba distintas casuísticas. Cómo “hacer frente al un ataque al Estado constitucional que, con la voluntad de imponer un cambio en la forma de gobierno para Cataluña y del resto del país, integra una gravedad y persistencia inusitada y sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno”.

Además, manifiesta que se ha “desplegado aprovechando las facultades políticas y de gobierno que la propia Constitución otorga precisamente para la garantía de los derechos de todos los ciudadanos de esta comunidad autónoma y del país”. Un “diseño criminal”, en palabras del juez instructor, que puede ser que no se haya interrumpido tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Movilización ciudadana

Señala que los movimientos para llegar a la secesión “cada vez con mayor nitidez, parecen estar latentes y pendientes de reanudación una vez que se recupere el pleno control de las competencias autonómicas”.

Cuestión que también ser recoge en el Libro Blanco. “Contemplaba que en la eventualidad que la independencia no fuera consentida por el Estado, dado que la suspensión del autogobierno no podría tener carácter indefinido y mucho menos definitivo, la secesión se alcanzaría reanudando la desobediencia permanente al marco constitucional y legal y manteniendo una movilización ciudadana que terminaría por forzar al Estado a reconocer la nueva república”, manifiesta.

Asedio a la consejería de Economía

Enumera varios actos que han llevado al momento judicial actual. Entre ellos el asedio de 60.000 personas a una comisión judicial que había entrado en la consejería de Economía en Rambla de Cataluña el pasado 27 de septiembre. Uno de los pilares de la acusación por rebelión, ya que Llarena indica que los líderes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, fueron los responsables de la convocatoria de la movilización y de su control.

“Conociendo este violento levantamiento; asumiendo que podría reiterarse en futuras movilizaciones; y sabiendo que este tipo de actuaciones resultaban ineludibles para llevar a término un referéndum prohibido por los Tribunales y del que dependía la declaración de independencia”, mantuvieron su convocatoria a acudir a las urnas el 1-O.

Violencia en el 1-O

“Aprovecharon su notoria capacidad de movilización colectiva y --con la finalidad de propiciar la independencia que ambicionaban-- impulsaron a todos los catalanes a que el 1-O acudieran a los diferentes centros de votación e impidieran que las fuerzas policiales cumplieran su cometido”.

El auto identifica y detalla presuntos actos de violencia que motivan el delito de rebelión, todos ellos durante el 1 de octubre. Además de las amenazas de un uso mayor de esta contra los agentes de policía y los medios que usaban para dar cumplimiento a la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para impedir la votación.