Una de las propuestas estrella del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, fue la de emprender una reforma constitucional cuando la Ley Suprema cumplía los 40 años y, también, coincidiendo con el auge del movimiento independentista en Cataluña.
Su propuesta, sin embargo, ha tenido poco recorrido. La constitución el pasado 15 de noviembre de una Comisión parlamentaria para la Evaluación y la Modernización del Estado de las Autonomías ha hecho aflorar las diferencias insalvables entre los partidos políticos para emprender una reforma que no cuenta con unos criterios claros.
Sin consenso
Como avanzó Crónica Global, los expertos invitados fueron los primeros en oponerse al tipo de modificación de la Constitución que pretendía el PSOE al considerar que el referéndum ilegal del 1 de octubre y los acontecimientos posteriores imposibilitaban una reforma serena y con el consenso de todas las fuerzas.
Por la Comisión han pasado los padres de la Constitución que siguen vivos, además del historiador José Alvarez Junco o el presidente del Consejo de Estado José Manuel Romay Beccaría, entre muchas otras personalidades.
"Nación de naciones"
Si la creación de dicha comisión no generó demasiado entusiasmo, ahora también Ciudadanos ha decidido abandonarla porque, a juicio del presidente del partido, Albert Rivera, se está intentando construir un relato "partidista" y "sectario" al rechazar la comparecencia de Alfonso Guerra y José Bono. El partido naranja tampoco quiere legitimar la idea promovida por Sánches de España como "nación de naciones".
Mientras que Unidos Podemos y los partidos nacionalistas declinaron desde el inicio formar parte de esta Comisión, el PP decidió entrar pero anunció que en ningún caso desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy tenían en mente llevar a cabo una reforma constitucional. Ciudadanos, por su parte, que nunca se ha opuesto a una modificación territorial de la Carta Magna, critica ahora la apropiación del PSOE de la comisión.
La conductora de la Comisión, Adriana Lastra, ha evitado hacer autocrítica por la ausencia de la gran mayoría de grupos parlamentarios, y ha anunciado que el PSOE seguirá adelante con los trabajos porque es “su obligación poner soluciones sobre la mesa” en una “situación de gran conflicto entre territorios”. Junto a los socialistas, quedan Compromís y PP.