Soler y Puig actuaron para facilitar el referéndum ilegal, según Lamela

La "finalidad inmediata" del exdirector de los Mossos Pere Soler --exjefe político de Josep Lluís Trapero-- y del exsecretario de Interior César Puig --segundo del exconseller Joaquim Forn-- fue la de facilitar la celebración del referéndum del 1-O, según la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

Así lo indica en el auto en el que acuerda poner a ambos las mismas medidas cautelares que ya le impuso a Trapero --prohibición de salir de España, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales--, después de que la Fiscalía pidiera hoy, tras tomarles declaración, que quedaran en libertad bajo fianza de 100.000 euros.

Conspiración contra el TSJC

Para la juez "los más altos responsables de la Consejería de Interior y la connivencia y colaboración con la estructura de mando del cuerpo de los Mossos d'Esquadra, y de los organizadores y grupos de defensa del referéndum ilegal, fue decisivo para, fuera de la legalidad, impedir el cumplimiento de las resoluciones" del TSJC para evitar la celebración del 1-O.

En este sentido, "la actuación o inacción del cuerpo de Mossos d'Esquadra siguió la pauta anunciada previa y públicamente por los responsables políticos" como Forn, en prisión junto a Oriol Junqueras y los Jordis, así como Soler, "y en la medida correspondiente" Puig. Estrategia, explica la juez --que se basa en los correos que se cruzaron Forn y Trapero--, que "ya se percibía en las declaraciones públicas" de Soler el 27 de septiembre, cuando dijo sobre el referéndum: "La misión de los Mossos es garantizar derechos, no impedir su ejercicio".

Actividad "nula" de los Mossos

Con esa finalidad --prosigue el auto-- "desde la Consejería de Interior [...] se hicieron públicas las indicaciones" de Trapero de cómo debían actuar los Mossos, "tanto los días previos como la jornada" del referéndum. Estas consistieron fundamentalmente en que de darse la concurrencia de ciudadanos, incluidas familias, en los lugares de votación "su actuación sería mínima" ante el riesgo que suponía para la seguridad ciudadana. Se trató por tanto de "una especie de 'crónica anunciada'" de una actividad "prácticamente nula" de los Mossos el 1-O, "enmascarada" bajo los principios de "proporcionalidad, congruencia y oportunidad".

El Plan de Actuación elaborado por Trapero, "del que tuvieron puntual conocimiento Pere Soler Campins y César Puig Casañas", fue sometido a la consideración del fiscal jefe de Cataluña y del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, quienes le comunicaron que no era "adecuado" para impedir el referéndum.

"Premeditada estrategia"

Por ello, según la juez, Trapero se comprometió "a modificarlo con las recomendaciones que le dieron", pero "nunca llegó a realizar ninguna modificación, dirigiendo su actuación conforme al plan originario", fruto de "una premeditada estrategia" de los componentes de la organización unidos para obtener la independencia. Con el propósito de "anular cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia", se diseñó además, "un sistema de comunicación entre los agentes de servicio el día 1 de octubre y sus mandos superiores que supuso una ralentización de las comunicaciones", lo que causó mayor ineficacia en su actuación.

Ante estos indicios de delito, la Fiscalía ha pedido fianzas para Soler y Puig al entender que existe riesgo de fuga por la existencia de nuevos fugados, como la portavoz de la CUP Anna Gabriel, y de reiteración delictiva por la iniciativa de investir como presidente de la Generalitat a un preso, en alusión a Jordi Sànchez, y a un huido, Carles Puigdemont, buscando así perpetuar el procés.

Sin riesgo de destrucción de pruebas

Sin embargo, la juez --que investiga a los dos por delitos de sedición-- ha optado por imponerles medidas menos gravosas porque el hecho de que haya huidos en relación a estos hechos no determina "necesariamente" que vayan "a proceder de igual manera", máxime cuando han acudido a esta citación como "la mayoría de las personas que también son investigadas". Tiene también en cuenta la juez que ambos tienen arraigo familiar y laboral, así como nacionalidad española, y que la investigación se encuentra "bastante avanzada" por lo que las diligencias pendientes "no pueden verse comprometidas".

Añade además que la imposición de fianzas supondrían "un agravio comparativo" con otros investigados como Trapero y recuerda que los dos ex altos cargos fueron cesados el 27 de octubre y solo militan en el PDeCAT, por lo que no tienen una posición de mando que les permita destruir pruebas.