La Policía Nacional intercepta a los Mossos d'Esquadra cuando pretendían quemar documentos sobre el 'procés' en la incineradora de Sant Adrià de Besòs / EFE

La Policía Nacional intercepta a los Mossos d'Esquadra cuando pretendían quemar documentos sobre el 'procés' en la incineradora de Sant Adrià de Besòs / EFE

Política

El “espionaje ilegal” de los Mossos fue a políticos del PP, Cs, PSC y PDeCAT

La Policía Nacional entrega un informe a la jueza Lamela sobre los documentos que el cuerpo autonómico quería quemar en la incineradora de Sant Adrià

1 marzo, 2018 09:10

Los Mossos d’Esquadra llevaron a cabo un “servicio ilegal de espionaje” a políticos de varios partidos, como el PP, Cs, PSC y PDeCat. Así lo concluye la Policía Nacional en un informe que ha entregado a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que investiga al cuerpo autonómico por su presunta implicación en el procés. Los agentes controlaban a “partidos políticos, personajes públicos o privados, entidades y plataformas, todos ellos de marcado perfil unionista o constitucionalista”, según el texto.

El informe es sobre los documentos que les fueron incautados a los Mossos cuando los llevaban a quemar a la incineradora de Sant Adrià de Besòs el pasado 26 de octubre, según publica este jueves El Periódico de Catalunya. Los vigilados eran personas que “pudieran ser una amenaza para el proceso soberanista que estaba poniendo en marcha la Generalitat de Catalunya”, sigue el informe de la Policía.

“Operación Cataluña”

Los seguimientos eran "ilegales" y se llevaron a cabo con “fondos reservados”. Durante el año 2015, el importe destinado a este “espionaje” fue de 161.101,22 euros, según se desprende de dos correos electrónicos que los Mossos pretendían destruir. Uno de los investigados era el abogado José María Fuster. Su nombre aparece en unos documentos escritos a lápiz bajo la denominación de Operación Cataluña.

En ellos se hace referencia la “boda en Madrid de la familia Fuster Fabra. En la celebración, el abogado estuvo con dos comisarios de policía –Blas y Pino–, uno de los accionistas del banco de Andorra donde la familia Pujol ocultó dinero –Cierco– y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, entre otros.

Sáenz de Santamaría, SCC y Cs

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría también fue objetivo de la vigilancia de los Mossos, especialmente durante sus visitas en mayo en Cataluña. Las manifestaciones organizadas por Societat Civil Catalana (SCC) servían a la policía autonómica para identificar a “miembros del PP, Ciudadanos, periodistas, etc”, relata el informe. Entre ellos, se encuentran los diputados del partido naranja en el Parlament Carlos Carrizosa, Susana Beltrán y Sergio Santamaría; el líder del PP en Barcelona, Alberto Fernández Díaz; el periodista de Antena 3 Albert Castillón; y el expresidente de SCC Mariano Gomá.

Sobre Ciudadanos, los Mossos aseguraban que el número de personas vinculadas al partido “ha crecido en los últimos años, han sabido movilizar personas mediáticas relacionadas con medios de comunicación”. Todo ello se dice sobre la concentración convocada por los constitucionalistas el 9 de marzo de 2017. La Policía Nacional considera que no se trata de un “simple informe de seguimiento de una manifestación, sino más bien del seguimiento que desde la CGINF de Mossos d’Esquadra, siguiendo presumiblemente ordenes políticas, se ha venido realizando de partidos políticos, abogados, asociaciones civiles y periodistas entre otros colectivos en Catalunya, que son contrarios al proceso independentista”.