Josep Lluís Trapero ha reconocido ante la Audiencia Nacional que mantuvo reuniones previas al 1-O con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el exconsejero del Interior Joaquim Forn y “otros mandos policiales”. Se trata de encuentros que, según la Fiscalía, antes había “ocultado”. Es por esta razón que el fiscal Pedro Rubira ha solicitado la fianza de 50.000 euros para eludir la cárcel para el exmayor de los Mossos d’Esquadra.
El principal argumento del ministerio público ha sido la “agravación” de la situación procesal de Trapero, que ha sido imputado por la jueza Carmen Lamela de un segundo delito de sedición, esta vez por la “total inactividad” de la policía catalana durante el 1-O. A esto se añaden “detalles importantes” que ha admitido este viernes el investigado durante su comparecencia ante la Audiencia, y que “anteriormente ocultó”.
Fianza rechazada
Se trata de estas reuniones con miembros del Govern y mandos policiales sobre el referéndum. La Fiscalía considera que Trapero “no llevó a cabo ningún intento de impedir la celebración” de la consulta. Por su parte, la magistrada que instruye el caso ha considerado que estos argumentos no eran suficiente para decretar la libertad bajo fianza, por lo que ha rechazado la petición de Rubira.
Sí ha mantenido, sin embargo, las medidas cautelares que ya se le aplicaron en octubre: retirada del pasaporte, comparecencias quincenales ante un juzgado, la prohibición de salir del país y la fijación de un domicilio y un teléfono donde estar localizable.