¿Se atreverá Rajoy a multar el adoctrinamiento escolar?

Vuelve la guerra del catalán. La decisión del Gobierno español de aprovechar la aplicación del artículo 155 para garantizar la elección de lengua en el sistema escolar ha provocado una tormenta política en la que todos los partidos catalanes, excepto PP y Ciudadanos, han hecho piña en torno al modelo de inmersión educativa.

El tiempo dirá si la inclusión de una casilla lingüística en las preinscripciones --algo que ya está previsto en la ley de política lingüística y en la ley de educación de Cataluña, como advierten varias sentencias judiciales incumplidas-- abre la puerta a otras medidas para reducir el sesgo identitario en las aulas catalanas. De hecho, el Gobierno español guarda en la recámara una propuesta contra el adoctrinamiento escolar que incluye el refuerzo de la Alta Inspección y un sistema de sanciones que, en caso de impago, se descontarían de las partidas del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) destinadas a Cataluña.

El informe de AMES

Según ha podido saber Crónica Global, el PP elaboró después del pasado verano ese plan cuya finalidad era combatir el sesgo ideológico detectado en determinados libros de texto que se utilizan en los colegios públicos. Los populares catalanes impulsaron esa iniciativa después de que el sindicato Acció per a la Millora de l’Ensenyament Secundari (AMES) hiciera público un estudio de los manuales de Geografía e Historia de 5º y 6º de Primaria utilizados en el curso 2016/2017 en Cataluña, en los que detectaron hasta 35 casos de manipulación secesionista. Este estudio dio lugar a que la Alta Inspección del Estado abriera una investigación, que todavía no ha concluido.

estelada escuelas

Banderas independentistas en escuelas catalanas

La propuesta del PPC, que fue presentada al Ministerio de Educación, incluía otorgar más competencias a esa Alta Inspección que, en el caso de Cataluña, no puede entrar en las escuelas sin autorización de la Generalitat. La Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) impulsada por el PP eliminó en 2002 la capacidad de supervisión previa de los libros de texto. Asimismo, la actuación de la Alta Inspección en Cataluña (integrada por tres personas) choca con una plantilla de inspectores donde el 80% de sus miembros son elegidos a dedo, ya que la Generalitat no convoca oposiciones.

Imparcialidad

Los populares catalanes cuestionan la imparcialidad de estos trabajadores. De ahí su plan de reforzar la Alta Inspección y de dotarla de un régimen sancionador en los casos de adoctrinamiento que se detecten. Pero dada la experiencia en materia de obediencia a las leyes y las sentencias, el PPC sugería en su iniciativa que, en caso de impago de las multas, se descontaran correspondientes en las transferencias que el Gobierno hace a Cataluña mediante el FLA.

Las conversaciones entre el PPC y el ministerio, anteriores a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, fueron muy discretas dada la convulsa situación de la política catalana. De momento, el Ejecutivo de Rajoy no ha tomado ninguna decisión.