En medio de la situación lingüística que atraviesa Baleares, especialmente a raíz del decreto impulsado por el Gobierno autonómico que exigirá a médicos y enfermeros conocimientos de catalán para acceder a una plaza fija, más de 2.500 personas se han echado este domingo a las calles de Palma (Mallorca) para protestar contra la medida promovida por el Ejecutivo, conformado por PSOE y la formación econacionalista MÉS.

Bajo el lema "Los idiomas no salvan vidas. Por una sanidad sin fronteras lingüísticas", la marcha ha sido organizada por la plataforma Mos Movem, que nació a finales de 2017 con el objetivo de frenar lo que considera un requisito “excluyente” a la hora de poder trabajar en los siete hospitales de las islas y en sus 45 centros de salud.

La manifestación, encabezada por las portavoces de Mos Movem, Úrsula Mascaró y Manuela Cañadas, ha partido de la céntrica plaza de España y ha recorrido las principales calles de la capital balear hasta llegar a las afueras del Consolat de Mar, sede de la presidencia del Gobierno regional. Durante el trayecto no han dejado de escucharse gritos como “¡Armengol, dimisión!” --en referencia a la actual presidenta balear—o “¡El decretazo merece un carpetazo!”.

“Un vehículo de integración”

En declaraciones a los medios, Mascaró ha recordado cómo en 2007, año que supuso el término de una de las legislaturas del PP en Baleares, de un total de 7.000 quejas registradas, tan sólo cinco fueron registradas por problemas relacionados con el idioma. “La lengua siempre debe ser un vehículo de comunicación, de integración, nunca de confrontación”, aseveran desde Mos Movem.

Durante la lectura del manifiesto, los organizadores han calificado el decreto de “anticonstitucional”, recriminando que “atentará contra la igualdad en el acceso y en las oportunidades de trabajo y provocará que muchos profesionales huyan hacia otras Comunidades que les recibirán con los brazos abiertos. Es un decretazo que genera rechazo es disuasorio a la hora de captar profesionales que tanta falta nos hacen”.

Trece médicos, excluidos

De hecho, en su intervención ante los asistentes a la marcha, un médico de familia que trabaja en urgencias hospitalarias desde 2003 en las islas ha recordado que incluso antes del impulso de este proyecto, 13 médicos se presentaron en Ibiza para cubrir once plazas de urgencias y “fueron excluidos por no tener la acreditación lingüística. El problema puede volverse dramático en nuestra sanidad”.

Junto a la plataforma organizadora también han estado presentes miembros de asociaciones de pacientes así como los principales líderes de la oposición en el archipiélago, como el presidente del PP balear, Biel Company, el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento autonómico, Xavier Pericay, el expresidente del Govern y del PP José Ramón Bauzá y Jorge Campos, máximo responsable de la nueva formación política Actúa, recientemente constituida con el objetivo, entre otros, de derogar cualquier normativa que impida la libertad lingüística en los servicios públicos.

La CUP critica la protesta

La protesta, sin embargo, también ha recibido críticas: la CUP ha lamentado la convocatoria al aseverar que “promueve la catalanofobia, la versión de siempre del fascismo ignorante de nuestra casa”, ya ha reclamado “valentía” al Govern para hacer frente a cualquier tipo de manifestación en contra del decreto.

De acuerdo con los criterios establecidos en el borrador de la normativa, el personal médico deberá acreditar que posee el nivel B1 de catalán para poder consolidarse en su puesto de trabajo y obtener plaza fija. De no ser así, los profesionales no podrán acceder a la carrera profesional y tendrán que conformarse con una ocupación provisional aunque aprueben las oposiciones convocadas por el Instituto Balear de Salud (Ib-Salut) para 2018 y 2019.

Sin complementos salariales

De esta forma, con lo dispuesto en la propuesta, los médicos se verían privados de los complementos salariales aparejados a las plazas fijas así como a la hora de solicitar su movilidad. Ello también sucede a los auxiliares de enfermería y celadores. En su caso, deberán demostrar tener conocimientos del A2 de catalán en los procedimientos de provisión que afecten a determinadas categorías y especialidades.

Las negociaciones del decreto ya llevaron a Mos Movem a manifestarse el pasado mes de diciembre en Maó (Menorca), donde, del mismo modo, más de 2.000 personas protestaron contra las exigencias de la nueva normativa.