Santi Vidal y Carles Viver-Pi i Sunyer, imputados por el 1-O

El exjuez Santi Vidal y el jurista Carles Viver-Pi i Sunyer han sido citados a declarar por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona como imputados por su presunta participación en organizar el referéndum del 1 de octubre. Los también exsenador de ERC y exvicepresidente del Tribunal Constitucional comparecerán ante el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer el próximo miércoles, 14 de febrero a las 16.00 y a las 17.00 horas respectivamente.

El juzgado los incluye así en la causa que investiga a una treintena de personas por los presuntos delitos de revelación de secretos, malversación, desobediencia y prevaricación relacionados con la organización del referéndum. La implicación de Vidal sería por su supuesta participación en conformar las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica, aprobadas en el Parlament los días 6 y 7 de septiembre.    

Horas extra

El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona hace horas extra. Para este domingo, 11 de febrero, entre las 16.00 y las 17.20 horas está prevista la declaración de cinco altos cargos del anterior Govern, que fueron cesados con la aplicación del artículo 155.

Los investigados son Jordi Cabrafiga, exjefe de gabinete de la Consejería de Gobernación; Lluís Domingo Anaya Torres, que dirigía el área TIC del mismo departamento; Valentín Arroyo, exdirector de los servicios corporativos del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información del Govern (CTTI); y José María Reig Sevilla y Antonio Jesús Vargas Castillo, trabajadores del CTTI.

Detenciones del 20 de septiembre

Ramírez Sunyer fue quien ordenó detener a varios altos cargos de la Generalitat el pasado 20 de septiembre, entre los que se encontraba el entonces número dos de la conselleria de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové. La operación dejó a 14 detenidos, 20 investigados, 41 registros y 9,8 millones de papeletas para el referéndum intervenidas. 

La investigación contra Santi Vidal se ha iniciado a raíz de dos denuncias, una de ellas presentada por el partido Vox, por las declaraciones en las que el exjuez aseguraba que el Govern tenía datos fiscales de los catalanes, presuntamente conseguidos de forma ilegal, además de una partida secreta para crear estructuras de estado.