Los 'amnistiados' del 155

La aplicación del artículo 155 de la Constitución ha superado los cien días, a la espera de que se constituya un nuevo Govern. Sin embargo, la lucha entre independentistas sobre la investidura del futuro presidente impide al Gobierno levantar su intervención, cuyo balance es valorado de distinta forma por funcionarios, altos cargos y partidos políticos.

Entre los efectos de esa medida, con la que Mariano Rajoy respondió a la aprobación de la declaración unilateral de independencia (DUI), figura el cese de más de 250 asesores, directivos y cargos de confianza. Se da la circunstancia de que a ese cedazo gubernamental han sobrevivido, hasta el momento, los dos ideólogos más importantes del independentismo, estrechos colaboradores de Carles Puigdemont. Se trata de Agustí Colomines y Jaume Clotet, que mantienen cargo (directores generales) y sueldo (81.395 euros anuales) en la Generalitat intervenida por el 155.

Director de una "estructura de Estado"

El primero es el director de la Escuela de Administración Publica de Cataluña desde febrero de 2016. Al acceder al cargo, el exresponsable de la Fundación Trias Fargas, vinculada a CDC e investigada por el expolio del Palau de la Música, hizo toda una declaración de principios: su objetivo era dotar a los empleados públicos de los conocimientos necesarios para llevar a cabo las funciones y competencias del nuevo Estado catalán.

Agustí Colomines, director de la Escuela de Administración Pública de Cataluña

Esa motivación fue avalada por la exconsejera de Gobernación Meritxell Borràs, de cuyo departamento depende la Escuela. "Colomines responde a la voluntad de este Gobierno de tratar de construir un Estado nuevo. Por tanto, estamos en absoluta armonía con lo que propone el director de la escuela", dijo en sede parlamentaria.

Inculpado por el 1-O

Jaume Clotet, periodista y escritor, es director general de Comunicación de la Generalitat. Muy activo en las redes sociales –tanto a través de su perfil personal como de @informacioCat--, es una pieza fundamental del agitprop independentista. Fue uno de los inculpados por la organización del referéndum en el marco de la investigación de la Guardia Civil.

Jaume Clotet a su salida de la comandancia de la Guardia Civil

Menos fortuna han tenido la actual portavoz parlamentaria de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, y la diputada de esta formación Laura Borràs, quienes el pasado 19 de enero fueron cesadas por orden del Consejo de Ministros. La primera ocupaba el cargo de directora general de Coordinación Interdepartamental, con un sueldo de 81.395 euros, mientras que la segunda era la directora de la Institución de las Letras Catalanas con una retribución de 82.209 euros.

TV3, la gran superviviente

Pero la gran sobreviviente del artículo 155 de la Constitución es TV3. Como se sabe, Rajoy decidió en el último momento indultar la televisión catalana, pues el PSOE rechazaba "tomar" la televisión y el presidente español no quería quedarse solo. El sesgo ideológico de la cadena, con el independentista Vicent Sanchis al frente, se ha mantenido durante estos tres meses. Y eso que comenzó con mal pie.

En una medida sin precedentes en la historia del Parlament, la oposición unió sus votos y rechazó la elección de Sanchis por su perfil político. Pese a su reprobación, la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), el ente gestor de TV3 y Catalunya Ràdio, le mantuvo en el cargo.

Laura Rosel, presentadora del FAQS, con la camiseta con la cara de Puigdemont analizada por el CAC

Durante estos 100 días de aplicación del 155, los medios públicos no han parado de acumular denuncias por su falta de pluralidad. Hace una semana, la Junta Electoral de Barcelona multó a TV3 y Catalunya Ràdio por la cobertura de varios actos independentistas. Asimismo, el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) tramita una queja de Carme Figueras, Daniel Sirera y Eva Parera --consejeros del órgano que controla los medios públicos nombrados respectivamente por el PSC, el PP y Unió-- por la camiseta con la imagen de Puigdemont que la presentadora de Preguntes Freqüents utilizó en TV3.

Para la oposición no han pasado desapercibido los numerosos documentales dedicados a las cargas policiales del referéndum del 1-O, que contrastan con el tratamiento plano de la sentencia del caso Palau, relativa a la financiación irregular de CDC mediante el cobro de comisiones por adjudicación de obra pública.