Los letrados del Parlament están ultimando el informe que les solicitó el presidente Roger Torrent sobre los plazos de la investidura. Se han fijado como meta tenerlo listo para que lo pueda analizar la Mesa en la reunión programada para el próximo martes a las 10.

Según han explicado fuentes parlamentarias, los letrados analizan en profundidad el reglamento del Parlament y la ley catalana de Presidencia para dilucidar si se ha iniciado o no la cuenta atrás de dos meses para investir a un presidente antes de la convocatoria automática de nuevas elecciones.

Cuenta atrás de dos meses

El artículo 4.6 de esta ley establece que “si transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura, ningún candidato ha sido elegido, la legislatura queda disuelta automáticamente”.

Ahora los letrados deben indicar si la cuenta atrás de dos meses se ha activado o no: sus indicaciones no son vinculantes pero tendrán mucho valor para establecer un calendario de investidura y saber si las elecciones están en el horizonte de dos meses.

Dos puntos de vista

Los independentistas consideran que la cuenta atrás de dos meses no ha empezado porque no se ha llegado a hacer esa primera votación de investidura a la que hace referencia la ley, teniendo en cuenta que el pleno ni siquiera llegó a reunirse porque Torrent lo aplazó antes.

En cambio, la oposición interpreta que sí se cumple la premisa de la ley de que ningún candidato ha sido elegido y que debe activarse la cuenta atrás de dos meses antes de la convocatoria de elecciones. Además, los grupos de la oposición alertan de que paralizar el calendario es una "bloqueo institucional insostenible" y que no se puede aguantar más meses sin Govern.

Alegaciones al TC

Torrent pospuso el pleno al día siguiente de que Carles Puigdemont le pidió por carta que garantizara su inmunidad parlamentaria después de que el Tribunal Constitucional (TC) prohibiera su investidura a distancia y sin permiso judicial.

Para dar "las máximas garantías" a Puigdemont, Torrent pidió a los servicios jurídicos de la cámara que presentaran ante el TC alegaciones, cuyo plazo para hacerlo expira el 15 de febrero.

Los letrados también analizan si ese periodo de alegaciones puede afectar el calendario de la investidura y si se puede considerar que el calendario no corre hasta que el alto tribunal las resuelva.