“Con el convencimiento de que el empleo de esos fondos podía constituir malversación, se han llevado a cabo diversas prácticas por parte de la Generalitat para impedir conocer la trazabilidad del dinero público empleado precisamente en la consulta”.
Así se expresa el último informe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, que investiga los prolegómenos del referéndum ilegal del 1-O por orden del juez de instrucción número 13 de Barcelona.
Informe de la Unidad Orgánica de policía judicial de la Guardia Civil / CG
Informe de la Unidad Orgánica de policía judicial de la Guardia Civil / CG
Informe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil / CG
La Guardia Civil, obcecada en la búsqueda del dinero gastado hasta el momento en el conjunto del procés, ha delimitado diversos ámbitos de actuación.
Uno de los apartados es la adquisición de las urnas, papeletas, sobres, certificados para la composición de las mesas electorales y el dinero pagado a la empresa Unipost para su distribución.
Hasta el último euro
La Guardia Civil también busca quién y cómo se pagaron los software, webs, la contratación de dominios, los gastos relacionados con el censo electoral y ordenadores, entre otros activos.
Además, los investigadores indagan para saber de dónde partió el dinero que se utilizó para la contratación de informes de cara a la preparación del referéndum, en especial aquellos que elaboró el exmagistrado Carles Viver Pi Sunyer.
Por último, la Guardia Civil trata de averiguar cómo se pagaron diversos actos festivos así como los costes del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, Diplocat.
Medio millón en publicidad
Esas indagaciones están en fase de trámite. Lo que parece ya concluido es el recuento de lo gastado en el ámbito de la publicidad. Según los datos que maneja el juez de instrucción número 13, hasta el momento se habrían gastado, presumiblemente con dinero público, 502.639,61 euros .
De esta cifra, 277.804 euros fueron a parar a la publicidad de TV3 y 224.835,25 euros, a sufragar la campaña “SI o NO”. En el marco de esta campaña, según la Guardia Civil, la empresa Focus Media habría recibido 130.865,56 euros.
Para la justicia y para la Guardia Civil es un prioridad la investigación del delito de malversación de caudales públicos que se atribuye a los ahora imputados pero que de momento se sitúa en el marco de la suposición.