Un guión mínimo de 15 puntos, sin acuerdo sobre las cuestiones más espinosas. Este es el balance del trabajo de la treintena de parlamentarios que desde hace más de un año buscan un pacto de Estado educativo. El objetivo, todavía lejano, es la primera norma consensuada de la democracia para sustituir a la polémica Lomce o ley Wert.
Los miembros de la llamada subcomisión del “parto educativo”, como es llamada por algunos en la Carrera de San Jerónimo, siguen incumpliendo plazos y dándose otros nuevos. El último, con los independentistas de ERC y afines de oyentes, persigue cerrar un documento o anteproyecto antes de las vacaciones de verano.
La novena ley educativa desde 1978 llevaría un desarrollo de dos años y su implantación gradual, tres. Entraría en vigor en 2020 y culminaría en 2023. “Unas elecciones y sus flecos podrían devolverla de nuevo, como en el juego de la oca, al punto de partida”, apunta escéptico un antiguo alto cargo del ministro socialista Ángel Gabilondo. Un adelanto electoral en 2010 frustró su intento.
El dinero, lo primero
El acuerdo tiene como principal y primer obstáculo la financiación del sistema educativo por parte del Estado, ayuntamientos y comunidades, a las que corresponde el 80% del gasto.
La mayor parte del presupuesto ministerial, un 60%, se destina a becas. Su titular, Íñigo Menéndez de Vigo, ha prometido que volverán a subir este año, así como las ayudas para libros y material escolar, pero la oposición lo considera insuficiente.
El ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo / EFE
El ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo / EFE
Más complicado es fijar un suelo o mínimo “inamovible” de financiación, sin vaivenes políticos. El gasto educativo español ha perdido más de 8.000 millones euros durante la crisis y se sitúa muy por debajo de la media de la OCDE. Supone un 4% del total. El PSOE pide subirlo un 7% y Cs, un 5%. Pero el Gobierno prevé bajarlo el 3,8% para este 2018, según el plan presupuestario enviado a Bruselas. El Ejecutivo de Rajoy justifica la disminución en la caída de la natalidad.
Concertada polémica
Enganchado al dinero y con serias divergencias ideológicas va el espinoso asunto de la educación concertada o privada sostenida con fondos públicos. Los diputados hablan de la enseñanza pública como “pilar fundamental del derecho a la educación”. Y como “eje vertebrador del sistema, que debe seguir siéndolo”, subraya Luz Martínez Seijo, portavoz socialista en la materia.
Durante la crisis, mientras que el gasto público cayó un 12%, para conciertos subió el 0,5%. La polémica se alarga sobre si se plantea que los 160 colegios con educación diferenciada entre niños y niñas o “discriminadores por sexo” deben seguir siendo financiados. O se mantienen los conciertos en general mientras se cierran aulas públicas por la caída de la natalidad.
Según el Sindicato Independiente de Enseñanza (FSIE), la red concertada ha crecido en detrimento de la pública, hasta llegar a dos millones de alumnos y unos 190.000 profesores repartidos en 5.500 centros, de los que 4.448 son religiosos. Suponen un coste a las arcas públicas de casi 6.000 millones. Pero las patronales de esta enseñanza consideran que esta financiación es “insuficiente”.
Religiones en plural
El tercer desacuerdo es tanto o más histórico, aunque solventado en casi toda Europa: la enseñanza de la religión. El guión habla de religiones en plural y propone la atención a todas ellas, con etapas, cursos, contenido y profesorado, con especial atención a la mayoritaria confesión católica.
La Lomce la hizo una materia computable en la nota final de curso y, paradójicamente en una sociedad cada día más laica, se disparó la matrícula en primero del Bachillerato en los centros públicos. Unidos Podemos y una parte mayoritaria del PSOE siguen defendiendo que este tipo de enseñanza debe salir de la escuela.
Pero la Conferencia Episcopal Española mantiene que, según los acuerdos Estado-Vaticano de 1979, debe recibir el mismo trato que una asignatura fundamental. “Incluso, por ejemplo, como las matemáticas”, llegado a plantear por su anterior presidente, el cardenal Antonio María Rouco Varela.
Profesores con MIR
Diputados y especialistas están de acuerdo en que los docentes son la clave del sistema y que deben ser escogidos y formados para tener los mejores en las aulas, al estilo de los países escandinavos, situados en el pedestal educativo por el famoso informe PISA.
Todos esperan que se diseñe un MIR educativo. Otra cosa es obligar a los profesores a la formación continua, cambiar las oposiciones de acceso o crear un sistema similar al de Medicina, con plazas limitadas en función de las necesidades.
El Libro Blanco de la Profesión Docente, elaborado por el filósofo José Antonio Marina, proponía también una evaluación sistemática con repercusiones en el sueldo. Muy complicado en un país en el que los 18 ministros de Educación de la democracia han ido dejando para el siguiente la elaboración de un Estatuto de la Carrera Docente.
jose antonio marina
El filósofo José Antonio Marina, autor del 'Libro Blanco de la Profesión Docente' / EFE
Contenidos peliagudos
Fijar los contenidos es también peliagudo, sobre todo por la oposición de Cataluña, Euskadi y Navarra siempre denunciando la invasión de competencias. Los diputados debaten cómo organizarlos e incluir el tratamiento de los derechos humanos, la igualdad o la violencia de género en las clases o la incorporación de nuevas materias.
El sempiterno problema, como ocurre sobre todo en Historia y Geografía e historia, es cómo adapta cada comunidad autónoma luego las directrices generales. La asociación de editores Anele ha explicado que tiene que hacer 25 libros diferentes de una misma asignatura y año por las exigencias y cambios de las autonomías.
Adoctrinamiento
De ahí nacen las famosas denuncias sobre adoctrinamiento, especialmente en las aulas catalanas, rechazadas por la Generalitat. El Ejecutivo independentista cuenta con el apoyo del PNV, que ha amenazado con abandonar la subcomisión si se refuerza la Alta Inspección del Estado, encargada de controlar el cumplimiento de la ley.
En el epígrafe siguiente destaca el problema de las evaluaciones. Los partidos tratan de consensuar un modelo lejos de las controvertidas reválidas de Wert, que ha ido dejando de lado el Gobierno y que no convencen ni al PP.
También se plantea qué hacer con los famosos itinerarios, que mandan a distintos niveles de formación a partir de 3º de la ESO. “Los partidos conservadores prefieren la excelencia a la equidad. Piensan que la educación no es para todos y apuestan por segregar a partir de Primaria. Así es difícil llegar a un acuerdo”, sostienen los socialistas.
Acuerdos parciales
De momento, hay acuerdos parciales sobre medidas para suturar el abandono temprano de las aulas de los jóvenes y elevar la implantación de la FP.
Leticia Cardenal, presidenta de la federación de padres laicos Ceapa, asegura que las familias no son tan optimistas como el PP y Ciudadanos, que confían en alcanzar un “pacto lo más ambicioso posible”, trasversal y duradero, según la popular Sandra Moneo y la naranja Marta Martín. “Será un pacto político, pero no social porque no han participado sus organizaciones”, matiza la representante de las familias.
Mari Luz Martínez Seijo, portavoz del PSOE, ve “complicado” un “acuerdo global”. Y Unidos Podemos “improbable”, si antes no se deroga la Lomce y se termina con los recortes educativos. Pronostica "pequeños acuerdos”, que “defraudarán a la comunidad educativa” y cree que para eso no hacía falta una subcomisión y tanto tiempo de trabajo. El tiempo lo dirá.