El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha cifrado en 87 millones el coste del despliegue de hasta 6.000 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil por el 1-O en Cataluña. Este jueves en el Senado ha señalado, además, que en las reuniones operativas previas al referéndum ilegal, los Mossos d'Esquadra les aseguraron que tenían preparado un amplio dispositivo, con más agentes y más horas de trabajo.

Zoido ha hecho estas manifestaciones en su comparecencia en el Senado, donde ha dado cuenta de todo el proceso previo al 1-O. Allí ha hablado de las operaciones policiales de incautación de material electoral y las decisiones judiciales a las que se atuvieron las fuerzas de seguridad del Estado, entre ellas la orden a los Mossos d'Esquadra de impedir la apertura de los centros de votación.

De hecho, ha relatado Zoido, la policía autonómica aseguró en todas las reuniones operativas previas al 1-O "haber preparado un amplio dispositivo" y que había incluso incrementado considerablemente el número de sus efectivos y las jornadas de trabajo.

Culpa a Puigdemont 

"La arrogancia e irresponsabilidad del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y de su gobierno ha supuesto para todos los españoles un coste económico de 87 millones, además de los 1.000 millones sobre el impacto de la desaceleración económica, las cinco décimas del crecimiento del PIB catalán o al descenso del 35% en las reservas hoteleras", ha dicho en el Senado.



Zoido ha defendido que la llamada Operación Copérnico tenía como objetivo responder con "eficacia" a la "rebeldía" de los independentistas, a la "clamorosa desobediencia" a la justicia del Gobierno catalán y a impedir que los catalanes fueran "arrojados al abismo".

Operación copérnico

El titular de Interior ha dado cuenta de que la operación Copérnico supuso el traslado de numerosos efectivos, que llegaron a sumar los 6.000 agentes entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre y unos 4.500 de forma más estable.



Aunque no ha desglosado por capítulos en su primera intervención el coste de este despliegue, el ministro ha asegurado que los 87 millones incluyen el alojamiento, la manutención, los desplazamientos, las dietas y los complementos de productividad.



Respecto al alojamiento de esos efectivos y tras admitir la polémica generada especialmente por el empleo de barcos para acoger a muchos de estos efectivos, el ministro ha explicado que esa decisión fue adoptada porque esas embarcaciones eran "alojamientos seguros o de fácil protección, de rápida ocupación". Por esta razón y por los episodios de acoso y "asedio consentido y organizado" que sufrieron cientos de agentes alojados en hoteles, el ministro ha defendido el acierto del empleo de los barcos.

Limitada eficacia de Mossos

Zoido, que ha querido limitarse a relatar hechos concretos y no hacer juicios de valor, ha explicado que ya desde primeras horas de la mañana el Ministerio recibió información que "apuntaban a la limitada eficacia de la actuación de los Mossos para cumplir con la orden de impedir la ocupación y apertura de los centros de votación".

No fue hasta las 9 horas cuando los Mossos pidieron ayuda, ha continuado Zoido, quien ha cifrado en 113 los centros de votación que desactivaron Policía Nacional y Guardia Civil, que ha sumado a los más de 100 locales que en unos casos no llegaron a abrirse y en otros cerraron ante la presencia de las fuerzas de seguridad.

Más votantes que personas censadas

Ha precisado que en ningún momento hubo un listado de centros, aunque los Mossos aseguraron que 297 no llegaron a abrir y que evitaron la votación en otros 99, pero los que se han analizado revelan que la mayoría fueron puntos de votación de localidades pequeñas.

Zoido ha indicado que en la mayoría de los centros supuestamente cerrados por los Mossos, la Generalitat dio después datos de recuento. "Y no solo eso, en esos municipios, los votos contados superaban incluso el número de censados", ha apostillado. En 149 de los 948 municipios hubo más votantes que personas censadas, ha concluido.