El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en una imagen de archivo / EFE

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en una imagen de archivo / EFE

Política

El Supremo investiga el destino de 140.000 euros del Govern

Llarena solicita a la Guardia Civil que fiscalice tres transferencias hechas desde Bruselas

11 enero, 2018 12:40

El Tribunal Supremo ha solicitado a la Guardia Civil que investigue tres transferencias bancarias relacionadas a tres cuentas corrientes abiertas por la delegación catalana en Bruselas que alcanzan un importe total de 139.200 euros.

Se hicieron desde una sucursal del BBVA en la capital belga, tal y como indica el juez Pablo Llarena, el magistrado que instruye la macrocausa sobre el proceso independentista catalán. Lo hace en la misma providencia en la que cita a declarar como testigos al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, los exconsejeros Jordi Jané, Neus Munté, Meritxell Ruiz, Jordi Baiget y al exdirector de los Mossos d’Esquadra Albert Batlle.

El documento judicial indica que han sido los servicios jurídicos del banco presidido por Francisco González los que han remitido la documentación de la transferencia al Supremo.

Destinatarios

El instituto armado deberá identificar al “ordenante y destinatario, concepto por el que se realizaron y destino actual de los fondos”. Detalla que 58.250 y 61.450 euros euros fueron a parar a “The Hague Centre for Strategic Studies (idéntica destinataria) y 20.000 euros a la Delegación del Govern en Croacia”.

HCSS es una compañía holandesa que se dedica a “analizar los desarrollos que dan forma a nuestro entorno de seguridad”, tal y como indica en la presentación de su página web. “Brindamos un enfoque integrado a la política de seguridad”, añade, en ámbitos como la cyberseguridad, la defensa y seguridad nacional o el terrorismo, la piratería y el crimen organizado. 

Intento de eludir el control de Montoro

Llarena quiere saber si estos movimientos, que se realizaron entre el 21 de septiembre y el 10 de octubre, eran un intento de eludir el control financiero que el Gobierno aplicó a partir del 15 de septiembre.

La fiscalización de los gastos de la Generalitat tenía como objetivo evitar que se desviaran partidas para organizar la votación del 1-O que se había ilegalizado.

La agenda de Jové

También solicita al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que le remita una copia de la agenda incautada a Josep Maria Jové, exmano derecha de Oriol Junqueras, en su domicilio. La famosa moleskine en la que aparecería gran cantidad de información sobre la organización del proceso de secesión.

Asimismo, pide el testimonio del contenido de dos llamadas telefónicas. La que mantuvieron el 7 de agosto Jové y Oriol Soler Castanys, uno de los miembros del llamado sanedrín del procés; y la que tuvo lugar el mismo día entre el exmagistrado Carles Viver Pi-Sunyer y Margarita Gil, esposa de Jordi Jané y miembro del Consejo de Garantías Estatutarias del Parlament.

Llarena requiere finalmente a la Guardia Civil que aporte “elementos objetivos” para acreditar una serie de declaraciones atribuidas a diferentes exdirigentes de la Generalitat, entre los que se encuentran Carles Puigdemont, Junqueras, Joaquim Forn y Josep Rull, y de los dirigentes de las principales entidades independentistas catalanas, Jordi Sánchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium Cultural).