El Gobierno recurre la ‘multiconsulta’ de Colau

El Reglamento de Participación Ciudadana que incluye la multiconsulta de Ada Colau no convence. Se aprobó en el pleno celebrado el pasado 6 de octubre de 2017 y este lunes se han presentado dos recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Los demandantes son la delegación del Gobierno en Cataluña y la Cámara de Concesionarios y Empresas vinculadas al Sector Público (CCIES) en el ámbito de las infraestructuras y critican el proyecto del Ayuntamiento de Barcelona por el que la ciudadanía pasa a tener más protagonismo en las decisiones gubernamentales.

‘Multiconsulta’ anual

Los barceloneses podrán presentar las iniciativas que quieran y se celebrará, principalmente en mayo, lo que el gobierno de Ada Colau bautizó como multiconsulta anual: un proceso de participación que durará una semana y en el que se concentrarán todas las consultas que se hayan aprobado por el Consejo Municipal.

El resultado se tendrá en consideración siempre que la participación sea de, al menos, el 50% del padrón de personas mayores de 16 años. La idea obtuvo el voto a favor del gobierno municipal --entonces formado todavía por PSC y Barcelona en Comú--, ERC, el concejal no adscrito Gerard Ardanuy y dos regidoras de la CUP, tras pedir que el voto fuera nominal para no darle el apoyo de sus tres ediles y darle una abstención.

Contratos en peligro

El problema de este proceso de participación es, según la delegación del Gobierno, es el redactado en sí. "Según este reglamento, en aquellos casos en los que exista una iniciativa ciudadana no es necesario un acuerdo del pleno ni su aprobación por la mayoría absoluta del mismo", explican a este medio fuentes internas. Por lo tanto, entienden que es contrario a la Ley de Bases del Régimen Local, que establece que estas iniciativas deben pasar por el pleno y además necesitan una mayoría absoluta.

También del redactado se queja el CCIES: “El ayuntamiento incluye cláusulas donde cuestiona los contratos existentes”, explica a Crónica Global el presidente de la entidad, Francesc Sibina. Lo que puede llevar a la confusión.

El mismo redactado, en sus palabras, contiene cuestiones que no son aceptables en materias tan sensibles como el suministro del agua o la gestión de los cementerios y el consistorio barcelonés debería repensarlo. “Nos mueve la seguridad jurídica de la colaboración público-privada”, dice Sibina. Y por ello han recurrido al alto tribunal catalán, en el que confían para que dictamine quién tiene la razón.

El presidente del CCIES aplaude la participación ciudadana, pero alerta de que ha de interferir en según qué asuntos administrativos porque la opinión da paso a una serie de largos trámites que acabarían perjudicando a la ciudadanía.

Colaboración público-privada

“No puede cobrar fuerza jurídica 15.000 habitantes. Colau ha de administrar la ciudad”, apunta, y en una urbe entran desde la policía y el turismo hasta los contratos firmados, que son de obligado cumplimiento. El Reglamento de Participación Ciudadana, además, “es disuasorio para futuras colaboraciones público-privadas” y aporta inseguridad jurídica.

La Cámara de Concesionarios y Empresas vinculadas al Sector Público entiende el recurso contra la propuesta del gobierno de Ada Colau como la única herramienta para protestar, ya que asegura que los comunes nunca les han pedido opinión en ningún aspecto del sector que les incumbe.

Cabe recordar que los procesos de participación ciudadana pretendían ser la gallina de los huevos de oro de los comunes en la carrera por la alcaldía en 2015 y que, contando que en 2019 se celebrarán las próximas elecciones municipales, Colau prepara la iniciativa popular únicamente para que se celebre una vez.