¿Uniformidad en España como plantean los independentistas en Cataluña? Todo lo contrario. Diversos profesores de derecho constitucional y juristas destacados abogan por una reforma constitucional a fondo, e, incluso, por un nuevo proceso constituyente que haga efectivo el propio espíritu de la Constitución de 1978, y que se ha degradado en los dos últimos decenios: la distinción entre regiones y nacionalidades. Es decir, la distinción entre regiones y naciones, como el caso del País Vasco y Cataluña.

El jurista sevillano Bartolomé Clavero, catedrático en la Universidad de Sevilla plantea que se aproveche lo que permite la propia Constitución de 1978, una revisión a fondo, para recuperar la voluntad del propio legislador durante la transición. En un artículo que acaba de publicar en su propio blog, y con el título de Tras el 155 y el 21-D: Cataluña y Andalucía entre nación y región, lo que plantea Clavero va en la línea que defienden otros expertos, como Javier Pérez Royo, catedrático también de la Universidad de Sevilla --quien no para de reprochar las decisiones judiciales contra los dirigentes independentistas--, José Antonio Montilla Martos, catedrático de derecho de la Universidad de Granada, o Eliseo Aja, de la Universidad de Barcelona.

¿Por qué se incluyó el 143 y el 151?

Pero el profesor sevillano va más allá: entiende que no es ya el momento de reformas de la Constitución, sino de plantear un proceso constituyente, una revisión a fondo, a pesar de las dificultades que comporta, la convocatoria de elecciones, la aprobación por dos terceras partes de Congreso y Senado, antes y después de las elecciones, y de un referéndum posterior.

¿Por qué? Clavero sitúa el contexto de la transición y entra en las discusiones políticas, más que parlamentarias, que se dieron en aquel momento. Y, políticamente, lo que se quería reconocer era básicamente dos realidades, la catalana y la vasca. Por ello se incluyó en la Constitución la distinción entre nacionalidades y regiones, y el acceso a la autonomía a través de dos artículos muy diferentes, el 143 para las regiones y el 151 para las nacionalidades. La presión militar y el terrorismo de ETA fueron determinantes para que se recurriera a esa especie de eufemismo para no decir las cosas por su nombre. Clavero entiende que el 23-F fue más efectivo de lo que se ha contado, y que, efectivamente, se inició una lenta carrera para diluir las autonomías.

Defensa de las diferencias entre las comunidades

“Que, con la Constitución y los estatutos en la mano, haya competencias no asequibles a todas las comunidades por mucho que se prediquen nacionalidades es algo que sin más se desconoce o se desprecia, por ignorancia, por obcecación o por electoralismo regional de cortas miras, cuando demagógicamente se enaltece la igualdad constitucional entre autonomías heterogéneas como si esto fuera un corolario obligado del principio de la no discriminación entre una ciudadanía sólo entonces española en exclusiva, sin concurrencia de ciudadanías nacionalitarias o regionales. Otra cosa es la solidaridad interterritorial que es además a escala europea como debiera reforzarse”, asegura, para referirse a la cuestión de que puedan existir, sin llevarse las manos a la cabeza, diferencias entre autonomías en función de sus peculiaridades.

Lo que ocurrió es que, con las revisiones de los diferentes estatutos, a principios de la década de 2000, todas fueron incrementado su nivel de definición, para pasar a ser “nacionalidades históricas”. Clavero, sevillano, es especialmente crítico con Andalucía, porque se ha convertido en un claro impedimento, a su juicio, para poder avanzar, con sólo un claro objetivo: que no haya esa distinción con las naciones existentes en España.

Negar la bilateralidad de País Vasco y Cataluña

“La identificación como nacionalidad en segunda generación (de los estatutos) mira de hecho menos a la autonomía propia que a autonomías ajenas. Se pretenda o no conscientemente en todos los casos, produce un efecto superior hacia el exterior que hacia el interior. La inflación de nacionalidades por mera declaración estatutaria devalúa la categoría. El hiperbólico preámbulo andaluz de 2007 implícitamente se plantea frente al referido registro catalán como nación. En Andalucía, las alegaciones oficiales de nacionalidad usualmente se producen, no para determinar la propia posición, sino para boicotear las posibilidades de relación bilateral entre el País Vasco o Cataluña y el Estado. La hemeroteca está ahí, a mano o en pantalla, para quien necesite y quiera comprobarlo”.

El jurista no desdeña que Andalucía pudiera incorporarse a un proceso confederal en España, tras esa revisión total de la Constitución. Lo que señala es que ocurre todo lo contrario en la práctica, porque su gobierno autonómico busca ahora cómo devolver competencias al Gobierno central.  

“Con la posición 151 compartida --el artículo pensado para las nacionalidades, al que se subió Andalucía a través de una decisión en el Congreso, después de que no cumpliera las condiciones mediante el referéndum que se celebró--, Andalucía no es que pueda ofrecer por sí sola servicio constitucional alguno ante el desapego de Cataluña. Es que podría concurrir en el terreno del confederalismo, el que las nacionalidades precisan. Sin embargo, con la inflación nacionalitaria, lo que tenemos no es una sucesión de procesos de naciogénesis, los de Andalucía, Valencia, Aragón, Baleares o Canarias, en esa línea de concurrencia confederal, sino una dinámica de emulación y hasta una estrategia de laminación que deshabilitan las mejores posibilidades del diseño territorial de la Constitución de 1978, un diseño que ha llegado a ser irreconocible, tan irreconocible que la recuperación sencilla parece a estas alturas bastante más difícil que la reconstitución compleja”.

Andalucía pide todo lo contrario

La interpretación es similar a la que hace Pérez Royo y un conjunto de expertos autores de diferentes trabajos para la reforma de la Constitución, como los ya mencionados. Se trata de rehacer el consenso político que dio pie a la Constitución de 1978. Sin embargo, ahora otras fuerzas políticas plantean todo lo contrario. Llegados a esta situación, lo que defienden, como es el caso de Ciudadanos, es recentralizar para resolver lo que se entiende como un error en aquel momento, cuando el objetivo del Estado de las autonomías era, en realidad, resolver la cuestión del País Vasco y Cataluña.

Clavero insiste en que se debería abordar esa revisión total si se quiere, realmente, encauzar el asunto que ha estallado con toda su virulencia ahora con el caso de Cataluña. Señala que parece que se busca todo lo contrario, y se refiere, de nuevo, a Andalucía. “Mal iría una mera reforma territorial con el mapa dado. La Comunidad Autónoma de Andalucía, satisfecha con su ficción de nacionalidad estatutaria, no parece que esté por la labor de un replanteamiento algo más que cosmético. No está por promover un horizonte confederal ni siquiera ante la acentuación de la crisis por causa de la huida de Cataluña, hacia atrás o hacia adelante que sea. Se está hoy incluso acomodando en la irresponsabilidad fiscal de suprimir impuestos propios, rebotar al Estado las necesidades de ingresos y confiar en transferencias de medios como si de una corporación dependiente se tratara”.

Reformas para más cuestiones que Cataluña

¿Qué se puede hacer a corto plazo? Para este profesor, la revisión constitucional no se debe afrontar únicamente por la cuestión catalana, pero también por ella. “Mucho es, además del reto territorial, lo pendiente: potenciación y blindaje de derechos sociales, desjerarquización y democratización de la justicia, descentralización del control de constitucionalidad, justiciabilidad del derecho internacional de derechos humanos, responsabilidad política con revocatoria por incumplimientos electorales, sujeción constitucional del poder ejecutivo, condicionamientos constitucionales a la integración europea...; en el mismo orden territorial, constitucionalización como estados confederados del País Vasco y Cataluña, con participación autónoma en la Unión Europea y otras instancias supraestatales, revisión del mapa de las Comunidades, admisión de federalizaciones entre los unos y las otras... Con todo ello, reaccionar en modo constituyente no significa ceder a la presión catalana, sino asumir problemas comunes de los que esta crisis con Cataluña representa un síntoma bien patente. Ante las fuertes resistencias política y territorialmente transversales a cualquier cambio constitucional de cierto calado que vienen arrastrándose, la coyuntura la pintan calva”.

Respecto a los propios interesados, Clavero es preciso. El independentismo catalán debe dejar la cuestión del referéndum de independencia y pedir, seriamente, con todas las de la ley, una revisión constitucional, ejerciendo su poder desde el Gobierno de la Generalitat. Es decir, gobernar y proponer una reforma constitucional a fondo para situar el debate con todas sus consecuencias en la escena política española.

La propuesta es atrevida y sincera, con el ánimo, precisamente, de devolver lo que el legislador quiso en 1978, y que se ha diluido por completo. Es decir, lejos de ser una propuesta contra la Constitución, es una fórmula pensada para respetar la Constitución --esa es la retórica que defiende el Rey Felipe--, mejorándola tras el paso del tiempo, y la indefinición, que “conscientemente” se quiso plasmar en aquel duro y complicado momento de todos los españoles.