La aplicación del artículo 155 de la Constitución ha añadido tensión a las relaciones entre Foment del Treball y Pimec.
La concesión de subvenciones por parte del Gobierno español a la patronal de Gay de Montellà ha sido interpretada en el entorno soberanista como un “premio” a su lealtad a la ley y la Constitución. En cambio, cuando las ayudas del 155 han ido a parar a manos de Josep González, el independentismo enmudece.
El pasado 27 de octubre, el Consejo de Ministros autorizó al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias a otorgar sendas subvenciones excluidas de concurrencia pública a Foment del Treball, por valor de 919.000 euros, y a la Federación de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (Fepime), por un total de 360.000 euros. Ambas ayudas se concedieron en concepto de participación institucional de los agentes sociales para 2017.
La autorización se realizó con base en las competencias asumidas por el Gobierno al amparo del artículo 155 de la Constitución.
Malestar por las críticas
Las subvenciones casi pasaron desapercibidas, pero no para el entorno soberanista de Pimec –la patronal siempre ha defendido el derecho a decidir y formó parte del Pacto Nacional por el Referéndum--, que calificó de “premio” estas ayudas concedidas a dedo. Las insinuaciones sobre el trato de favor del Gobierno han causado un profundo malestar en Foment, según ha podido saber Crónica Global. Fuentes de esta patronal recuerdan que esas ayudas no son nuevas, sino que se conceden anualmente.
Se da la circunstancia de que, el pasado 22 de diciembre, el Gobierno autorizó una subvención a Pimec, igualmente “a dedo” por valor de 186.000 euros, también en concepto de participación institucional de los agentes sociales. En este caso, se trata de una cantidad adicional a la que ya se otorgó a la patronal de González. En este caso, ese entorno soberanista ha enmudecido.