La autocrítica, propia de los partidos que no obtienen un buen resultado electoral, se ha hecho extensiva al Gobierno español, que ahora se plantea si fue oportuno convocar elecciones catalanas al mismo tiempo que aplicaba el artículo 155 de la Constitución.

El hundimiento, sin paliativos, del PP en los comicios del 21D --ha pasado de 11 a 3 escaños-- ha obligado a los populares a reflexionar sobre los posibles errores cometidos. Como se sabe, el presidente Mariano Rajoy optó por una intervención de las instituciones catalanas breve en el tiempo. En un principio, se había barajado la posibilidad de que la medida tuviera una duración de seis meses para que, al término de este plazo, se convocaran elecciones. El motivo de esa idea inicial era esperar a que la efervescencia independentista disminuyera y evitar que se revalidara la mayoría independentista.

Finalmente, el Ejecutivo decidió acortar los tiempos, pero endurecer el 155, en el sentido de cesar a todo el Gobierno catalán y disolver el Parlamento de Cataluña con la finalidad de convocar elecciones de forma inmediata. No hubo toma de control de TV3 porque el PSOE se opuso. Y nunca se valoró asumir las competencias en educación.

Los peores presagios

Se han cumplido los peores presagios, pues no solo se ha revalidado la mayoría independentista, sino que los procesos judiciales han seguido su curso, encendiendo los ánimos del mundo secesionista, que ha avalado en las urnas a sus dirigentes encarcelados o exiliados.

En este sentido, preocupa, y mucho, según explican a Crónica Global fuentes gubernamentales, la posible detención de Carles Puigdemont si pisa suelo español para ser investido presidente de la Generalitat. “No se pierde de vista el clima de rebelión que se puede producir en las calles si se detiene a Puigdemont”, advierten.

Estas mismas fuentes no esconden su sorpresa ante la renovada radicalidad de Puigdemont, el virtual ganador de las elecciones del 21D, pues esperaban una postura más contemporizadora tras el convulso proceso que se saldó con una declaración de independencia y el artículo 155. La predisposición de los secesionistas a implementar la "república catalana" augura futuras iniciativas unilaterales que podrían conllevar una nueva intervención del Gobierno. "Todos los escenarios vuelven a estar abiertos", afirman.