Argelia Queralt: "Las instituciones catalanas han prescindido de la ley. Y sin ley todo vale"

Durante sus cinco años de vida, Agenda Pública ha contado con la colaboración de más de 1.000 profesores e investigadores universitarios que analizan con el rigor y la independencia el panorama político y económico español. Obviamente, Cataluña ha protagonizado en los últimos meses los artículos de este observatorio social online.

Políticos, altos funcionarios, profesores universitarios, analistas de think tanks, periodistas y profesionales liberales siguen esta publicación cuya directora editorial, Argelia Queralt, asegura en una entrevista con Crónica Global que la campaña del 21D es "atípica", pero las elecciones pueden permitir "salir del punto" muerto actual.

Doctora en Derecho y profesora lectora de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona, Queralt denuncia que "estamos en un época en la que la posverdad hace furor, y en este escenario el conocimiento, en sentido estricto, tiene poco espacio".

—Pregunta. El proyecto comenzó cuando el independentismo no estaba todavía en la agenda pública. ¿Os imaginabais que el proceso llegaría tan lejos, con una DUI y un 155?

—Respuesta. No, aunque nuestros analistas había pronosticado una evolución de la política catalana basada en una competición en el ámbito independentista. La DUI es la consecuencia llevada al extremo de esta competencia. Y el 155 CE es la respuesta del Estado.

—¿Hay espacio para el rigor y el análisis entre tanto ruido mediático?

—Sí, Agenda Pública es prueba de ello. De hecho, el análisis y los argumentos son ahora más necesarios que nunca. En este espacio de polarización comunicativa una parte de la ciudadanía busca rigor e independencia en el análisis político y económico y esto precisamente es lo que ofrece Agenda Pública. Nuestro proyecto nació con la finalidad de mejorar el debate público llevando el conocimiento experto y académico a la opinión pública. Nuestros colaboradores, más de 1.000, son en su mayoría profesores e investigadores universitarios, que han decidido compartir sus investigaciones y conocimientos con la opinión pública. Y no es tarea sencilla porque hay que convertir muchas horas de trabajo, datos, análisis y estudio en textos cortos, fácilmente digeribles por un lector formado pero no especialista.

—Tienen firmas de juristas, tanto catalanes como del resto de España. ¿Hay mucha diferencia en los diagnósticos y posibles soluciones? 

—Entre nuestras firmas las diferencias no son tanto de procedencia sino de la aproximación que cada cual tiene al proceso y a su intensidad. Hay acuerdo en que el modelo territorial necesita una profunda actualización y las diferencias radican en cómo hacerlo. Sin embargo, las distintas aproximaciones y soluciones no vienen marcadas por la procedencia territorial de nuestros juristas o politólogos. Así, por ejemplo, en Agenda Pública han escrito juristas catalanes que hoy defienden la independencia y otros que no lo hacen; juristas catalanes que creen que el referéndum legal y pactado es la salida y otros también catalanes que están radicalmente en contra.

—¿Qué tipo de lectores tienen? ¿Ciudadanos de a pie? ¿Expertos?

—Nos leen personas con formación ciudadana que viven en las ciudades grandes: nuestro lector es urbano y formado. Agenda Pública envía cada día una newsletter a 2.000 personas, entre las que hay políticos, altos funcionarios de las administraciones estatal y autonómica, profesores universitarios, analistas políticos, analistas de think tanks, periodistas y profesionales liberales.

—¿Los juristas se sienten ignorados por los políticos?

—No solo los juristas, sino, en general, los expertos. Como sabéis, el conocimiento experto no pasa hoy por su mejor momento. De hecho, los estudios explican que una parte importante de la ciudadanía solo está dispuesta a escuchar y reconocer como válido aquello que confirma sus posiciones previas y que rechaza, en cambio, aquello que pueda contradecirlas. Y a la política le pasa lo mismo. A veces los expertos desmentimos las bases de determinados posicionamientos políticos y desmontarlos tiene unos costes que no siempre se está dispuesto a asumir. No hay que olvidar que estamos en un época en la que la posverdad hace furor, y en este escenario el conocimiento, en sentido estricto, tiene poco espacio.

Estamos en un época en la que la posverdad hace furor, y en este escenario el conocimiento, en sentido estricto, tiene poco espacio

—¿El conflicto catalán es un problema político o jurídico?

—El conflicto catalán es esencialmente político y, por ello, su solución es esencialmente política. En este escenario, en mi opinión, el Gobierno del Estado ha optado por no hacer política y ha dejado en manos de la justicia ordinaria y el Tribunal Constitucional la resolución del conflictos con Cataluña que, como se observa, está lejos de solucionarse. Por otra parte, hay que destacar que las instituciones catalanas en los últimos meses han prescindido del Derecho, de la legalidad vigente, que no es otra cosa que las reglas de juego con las que se maneja una sociedad. Y cuando las reglas no se siguen, todo vale.

—¿Cómo se selecciona a los expertos que escriben en Agenda Pública?, ¿se ofrecen ellos, les buscan ustedes?

—Es una combinación de ambos procesos: en función de las necesidades editoriales (muy marcadas por la actualidad) buscamos a aquellas personas que hayan trabajado un determinado ámbito de conocimiento. Otras veces, en cambio, son los propios expertos los que se dirigen a nosotros. Contamos con un grupo de editores, de distintas áreas de las ciencias sociales, que nos ayudan a identificar a las personas más adecuadas para explicar los temas de cada momento. Este trabajo hace que hoy contemos con un grupo nutrido de colaboradores que ya saben cómo funciona Agenda Pública, cuáles son sus ritmos, estilo y necesidades, lo que favorece que obtengamos propuestas de textos que se ajustan perfectamente a nuestro modelo.

Las elecciones del 21D que nos pueden permitir empezar a salir de la situación de punto muerto en que nos encontramos

—¿Qué opina de esta campaña para las elecciones catalanas del 21D, con candidatos encarcelados y listas con muchos independientes?

—Se trata de una campaña electoral atípica, que precede a unas elecciones sobre las que se vienen sembrando dudas interesadas desde el mismo momento en que fueron convocadas. Su convocatoria se hizo a través de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y algunos autores consideran que esta posibilidad excede el alcance de esta cláusula de cierre constitucional. Sin embargo, como ocurre con las actuaciones de los poderes públicos, se presume su adecuación a derecho. De no serlo, será el Tribunal Constitucional el que, en su momento, decida. Por otra parte, dos partidos harán campaña sin que su cabeza de lista y otros candidatos puedan participar presencialmente en ella. Algunos no podrán estar porque el magistrado instructor del Tribunal Supremo ha decidido que se mantenga su situación de prisión preventiva incondicional. Otros, porque o seguirán en Bruselas o, si vuelven, serán conducidos muy probablemente a prisión. Dicho lo cual, son unas elecciones que nos pueden permitir empezar a salir de la situación de punto muerto en que nos encontramos.

—¿Cómo se preparan para el 'posprocés'? ¿Qué otros temas ocuparán (o han ocupado ya) 'Agenda Pública'?

—Agenda Pública nace en 2012 y nos hemos movido sobre cuatro grandes ejes: reforma constitucional, nueva política, impacto social y proyecto europeo. Con o sin procés tenemos mucho en lo que trabajar. En todo caso, el gran reto de Agenda Pública seguirá siendo siempre el mismo: aportar análisis de rigor al debate público.