Más de 300 profesores de Derecho defienden ante Juncker la respuesta del Estado en Cataluña

El Estado cumplió la ley y veló por el cumplimiento de la misma en Cataluña. Fueron las autoridades autonómicas quienes la violaron. Así de contundentes se han dirigido más de 300 catedráticos y profesores de Derecho de toda España ante el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, mediante carta.

En la misiva se denuncia la "falsedad de las acusaciones" recogidas en la carta publicada el pasado 31 de octubre por un centenar de políticos, intelectuales y eurodiputados, entre ellos el exministro griego Yanis Varoukakis.

Desconocimiento de la Constitución

"Es ridículo acusar al Gobierno central y a los tribunales de no respetar los estándares legales de la Unión Europea establecidos en los tratados de la UE y en la Convención Europea de Derechos Humanos cuando, en realidad, quienes actúan fuera de la ley, incluso al margen del Estatuto de Autonomía de Cataluña y de las propias leyes de la Generalitat, son las autoridades catalanas", afirman.

En su opinión, el texto difundido el 31 de octubre incluye "numerosos errores factuales" y una "terrible falta de conocimiento" de la Constitución y la legislación españolas. Para responder a eso, ofrecen "una versión más ajustada" de cómo se produjo la aprobación en Cataluña de la Ley del Referéndum o la Ley de Transitoriedad Jurídica, la actuación policial ante la consulta ilegal del 1 de octubre y la aplicación del artículo 155.

España no es una dictadura

La carta ha sido difundida a través de Twitter por la Representación de España ante la UE, pero fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación español han aclarado que no es una iniciativa suya. La idea surgió de Francesc de Carreras y Josu de Miguel, catedrático emérito y profesor titular, respectivamente, de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona. 

En la carta se subraya que la simpatía que se pueda sentir hacia las aspiraciones del independentismo catalán "no puede ser un pretexto para presentar España como una dictadura o como un país en el que se cometen arbitrariedades políticas y judiciales". "Si esto fuera así, nosotros seríamos los primeros en denunciarlo. Pero no es el caso", añaden.

Referéndum sin garantías

Para los 292 intelectuales que firmaron la carta en el momento de su publicación, a los que se han ido sumando otras personas hasta sumar ya 380, es "inadmisible" afirmar que las autoridades europeas consienten la violación sistemática del Estado de derecho en España.

Según señalan, el referéndum del 1 de octubre "no cumplía ni las garantías democráticas más básicas" según los estándares europeos, y su fin era regular el "derecho de autodeterminación de Cataluña", un derecho que "no está respaldado ni por las leyes españolas ni por el Derecho Internacional".

Niegan acciones represivas

Además, afirman que la Generalitat no puede convocar una consulta cuyos resultados "afectan directa y necesariamente a todo el pueblo español" y que, al aprobar la Ley del Referéndum, la mayoría independentista en el Parlament negó a la oposición "los derechos más básicos de participación" e ignoró a los letrados de la Cámara.

Tampoco consideran que el Gobierno o el poder judicial hayan violado el derecho de reunión, el de manifestación, de participación política o la libertad de expresión. En este sentido, niegan que se hayan emprendido "acciones represivas" contra funcionarios y cargos públicos, medios de comunicación, empresas o ciudadanos.

Los Mossos d'Esquadra desobedecieron

Sobre los hechos del 1 de octubre, afirman que la Policía Nacional no hizo un uso "desproporcionado ni abusivo" de la fuerza contra los "votantes y manifestantes pacíficos" y rechazan la cifra de heridos facilitada por la Generalitat (900). Explican que, ante la "desobediencia" de las órdenes judiciales por parte de los Mossos d'Esquadra, agentes del Cuerpo Nacional de Policía tuvieron que sustituirles y fueron objeto de "una verdadera emboscada".

En cuanto a la protesta del 20 de septiembre junto a la consejería de Economía en Barcelona, por la que luego fueron enviados a prisión los líderes independentistas Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, los firmantes de la carta aseguran que "no fue pacífica en absoluto". Recuerdan los destrozos en coches de la Guardia Civil y cómo "se impidió" durante horas la salida de las autoridades policiales y judiciales que realizaban un registro.

Por último, los catedráticos y profesores de Derecho defienden la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña como la manera de "garantizar el Estado de Derecho en la UE" después de que el Parlament aprobara, aunque "sin efectos legales", la declaración de independencia.