Los programas independentistas pasan del retorno de 3.000 empresas fugadas

Las formaciones independentistas no incluyen en sus programas electorales planes específicos para que las 3.000 empresas que han cambiado su sede social desde el referéndum del 1-O vuelvan a Cataluña.

Junts per Catalunya, la lista encabezada por Carles Puigdemont, y ERC, liderada por Oriol Junqueras, se limitan a culpar al Gobierno de esa fuga masiva, mientras que la CUP no solo omite cualquier tipo de medida, sino que aplaude ese éxodo. Por el contrario, PP, PSC, Catalunya en Comú y Ciudadanos sí que prevén medidas para favorecer su regreso.

PSC: “Para que vuelvan las empresas y vengan más”

El PSC ha previsto en su programa (que puede leerse en este enlace) medidas específicas para favorecer su retorno. Bajo el título “Para que vuelvan y vengan más”, los socialistas aseguran que “en los seis primeros meses de gobierno" plantearán a organizaciones empresariales y sindicatos "un acuerdo para la estabilidad y la confianza que garantice la estabilidad política y la seguridad jurídica”.

Un acuerdo, dicen, que “muestre al mundo una sociedad trabada, diversa y unida frente a las adversidades y hacia las oportunidades". "Un acuerdo que nos permita recuperar nuevamente la confianza en nosotros y la reputación perdida ante el mundo. Un acuerdo que facilite su retorno de las que han trasladado su sede social fuera de Cataluña y, en bastantes casos, también el domicilio fiscal y que puedan venir muchas más”.

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Ciudadanos: "Plan de Choque para el retorno"

Ciudadanos también contempla un plan de choque para el retorno en su programa. Explica que “con la aventura separatista, Cataluña ha perdido más de 3.000 durante los últimos años". "Sólo desde el 1-O se han ido más de 2.500, entre las que se encuentran algunas de las más importantes de Cataluña y de toda España y que representan el 30% del PIB catalán. Una fuga sin precedentes que afecta a pymes y autónomos que han tenido que hacer muchos esfuerzos en los últimos años para seguir levantando la persiana”.

Avisa la formación naranja que “siete millones y medio de catalanes no merecen un Govern que ponga en peligro la estabilidad, que juegue con sus puestos de trabajo o que dinamite las oportunidades de Cataluña”.

“Queremos que las que se han ido por culpa del independentismo vuelvan a Cataluña y que muchas más vuelvan a querer implantarse en nuestra comunidad. Lo conseguiremos con la aprobación urgente de un plan de choque para el retorno que recoja un ambicioso programa de incentivos fiscales, financieros y administrativos que logrará restablecer la seguridad jurídica y la confianza en la economía catalana”.

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CATComú: "Plan transversal para el regreso"

Por su parte, Catalunya en Comú también incluye en sus promesas electorales un “plan transversal para el regreso de las que se han ido de Cataluña” Aseguran que tanto la DUI como el 155 “han provocado graves efectos sobre la economía catalana, entre ellos la fuga de más de 2.600 que han trasladado su sede social fuera de Cataluña”. Proponen “revertir las facilidades que dio el gobierno del PP a las empresas para trasladar su sede” y garantizar un marco de estabilidad política y seguridad económica que vuelva a hacer de Cataluña "un país atractivo desde el punto de vista económico y que permita salir del estancamiento económico”.

Asimismo, los comunes quieren “desarrollar un plan de trabajo conjuntamente con los agentes sociales, políticos y económicos del país, que ponga en valor la posición estratégica de Cataluña como polo de atracción, tanto desde el punto de vista geográfico como por la calificación de su fuerza laboral”.

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PP: "Un plan de choque"

En su programa, el PP asegura qye "vamos a recuperar el impulso económico perdido. Aprobaremos un plan de choque para incentivar que todas las que han abandonado Cataluña vuelvan lo antes posible, para atraer a nuevas y potenciar las que se han quedado. Llevaremos a cabo una reducción de las cargas fiscales , para volver a hacer de Cataluña una región empresarialmente atractiva. El objetivo es crear más y mejor empleo".

"Los independentistas --recuerdan-- prometieron que su delirio no tendría costes. Nos dijeron que los bancos y las empresas estarían encantados de invertir en una Cataluña independiente y que la economía no se vería afectada. Lamentablemente, solo con su amenaza de secesión, son miles las que han abandonado nuestra tierra en busca de seguridad, certidumbre y confianza. No es una salida voluntaria, es un éxodo que nos sobrecoge a todos y al que hay que poner coto con inmediatez".

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CUP: "Cuanta menos dependencia de esas empresas, más soberanos"

Por el contrario, la CUP no solo no prevé medidas de retorno, sino que prefiere que no vuelvan. “Hemos podido ver que, con el chantaje de las que han cambiado de sede social haciendo el juego en España, se demuestra que cuanta menos dependencia tenemos de estas grandes financieras, energéticas y de infraestructuras más soberanos somos”. Añaden en su programa: “Difícilmente podremos construir la República catalana si tenemos un país privatizado. Un país privatizado es carne de cañón del chantaje empresarial. Cuanta más fortaleza del poder político, menos fuerza del poder empresarial”.

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JxCat y ERC: "La culpa es del Gobierno"

Junts per Catalunya ni hace referencia al éxodo, más allá de aludir a los efectos del artículo 155, ni plantea un plan específico para su retorno. Por su parte, ERC sí alude a esa fuga, pero para denunciar la ofensiva del Gobierno y sin proponer un plan específico para su retorno. “El 6 de octubre el Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto-Ley 15/2017 para facilitar la movilidad de la sede social dentro del territorio estatal ante el ‘riesgos que planteaba una declaración de independencia unilateral".

De esta manera no sólo se está invitándolas a cambiar de sede social innecesariamente --sólo las entidades bancarias podían tener razones de carácter objetivo-- sino que, tal y como denunció la patronal Cecot, se va en contra de los intereses de los accionistas y, además, se favorece a las grandes compañías y perjudica a las pymes”. “A esta medida –añaden-- se suman las presiones recibidas por parte del Gobierno español para cambiar de sede social como la denunciada por el presidente del comité de empresa de Seat”.

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