Diez catedráticos de toda España firman un documento sobre la urgente necesidad de reformar la Constitución española. Entre ellos figura Eliseo Aja (Santander, 1946), que fue presidente del Consejo de Garantías Estatutarias durante tres años. En una entrevista con Crónica Global, este catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona defiende la calidad del sistema democrático español, que equipara al de Francia o al de Gran Bretaña.

-La situación catalana ¿tiene una solución jurídica?

-Los problemas políticos deben tener soluciones políticas. Pero su encuadre jurídico puede dificultar o facilitar las soluciones. Por eso creo necesaria la reforma del Estatuto y de la Constitución. La Constitución tiene dos tipos de problemas, genéricos y específicos. Entre los primeros figura una mala distribución competencial que afectan a los elementos generales del Estado Autonómico. Este es un problema también para Cataluña, y lo demuestra que es la comunidad que más recursos ha presentado ante el Tribunal Constitucional (TC). Respecto a los específicos, en el documento que hemos hecho 10 catedráticos de toda España (Ideas para una reforma de la Constitución, que puede leerse en este enlace) ) apuesta por dos vías: una regulación más precisa de los hechos diferenciales, que en el caso catalán incluiría especialmente la lengua, y la recuperación de los aspectos del Estatuto que fueron anulados por el TC por motivos formales, es decir, por estar en el Estatuto y no en la Constitución. Además están los aspectos ideológicos, como el reconocimiento nacional.

-¿Qué motivos les indujo a elaborar ese documento?

-El informe parte de una profunda preocupación por la crisis del sistema constitucional, que necesita de renovaciones urgentes. El simple paso del tiempo no cambia las cosas. No es razonable que en 40 años no se haya reformado la Constitución. Y eso provoca un alejamiento de personas que no vivieron su aprobación en 1978.

-La gente joven desconecta…

-Sí y, además, cuarenta años desgastan, lógicamente. Es ley de vida. Hay gente joven que podría implicarse en esa reforma, sumarse a ese proyecto de cambio. En Estados Unidos hace 200 años ya se debatía cómo se podía implicar en la Constitución a las nuevas generaciones..

-¿Es optimista sobre esa reforma constitucional, se abordará pronto?

-No sé si se trata de ser optimista o no, pero lo cierto es que esa reforma debe abordarse ya, porque vivimos una crisis institucional muy notable. Los artículos 167 y 168 de la Constitución contemplan la posibilidad  de esa reforma y ahora falta la voluntad política.

-¿La financiación autonómica debería estar incluida en esa reforma constitucional?

-Si, claro, porque la Constitución española apenas regula la financiación y hace una remisión a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). No es correcto que la norma del máximo rango sea una ley orgánica y no en la Constitución. Es urgente revisar el sistema de financiación autonómica, que caducó en 2014, e incluir las grandes líneas normativas en la Constitución para que no se tenga que reformar cada cinco años.

-¿Hay que adaptar esa financiación a cada territorio? Ahora vuelve a debatirse mucho el tema del cupo vasco.

-No soy experto en financiación, pero quizá lo que se debería hacer es revisar los criterios del cupo. El problema no es tanto el concierto económico, sino su concreción en el Cupo.

Las leyes requieren debate y discusión para que sean buenas leyes. Aprobarlas en 24 horas, ignorando los dictámenes estatutarios es todo lo contrario

-Usted fue presidente del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña durante tres años. ¿Qué sintió cuando se ignoraron los dictámenes de este organismo durante la tramitación de las leyes del referéndum y de transitoriedad?

-Lo que ocurrió los días 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña es una infracción del procedimiento legislativo que supone un mal ejemplo sobre el uso de las instituciones catalanas. Los proyectos de ley deben pasar por el Consejo. Las leyes requieren debate y discusión para que sean buenas leyes. Aprobarlas en 24 horas, ignorando los dictámenes estatutarios es todo lo contrario.

-¿Qué opina de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña?

-Se trata de un artículo muy excepcional. Es el último recurso para solucionar ataques a la legalidad y al interés general. Es un artículo muy abierto y que, a priori, era difícil prever cómo se iba a aplicar. Ahora ya tenemos una primera experiencia y se puede discutir. En cuanto al procedimiento, creo que se ha hecho bien. Respecto al contenido hay algún punto discutible, pero ha sido razonable. Ha servido para cambiar el ritmo que tenía la política catalana. Se han convocado elecciones con las que se pueden recomponer la vía democrática de las instituciones autonómicas.

Nuestro sistema es democrático y comparable a otros países como Francia o Gran Bretaña. Ignorarlo es negar la evidencia

-Durante el proceso independentista se ha dicho que el sistema judicial español no es democrático, que no existe la independencia judicial.

-Son acusaciones genéricas, pero hay que aportar argumentos. Nuestro sistema es comparable a otros países como Francia o Gran Bretaña. Tiene sus debilidades y sus defectos, pero es evidente que es un sistema democrático e ignorarlo es negar la evidencia.

-¿Cree que la justicia está politizada o que la política está judicializada?

-Esos son argumentos muy políticos. Los jueces tienen sus propios ritmos, que son muy distintos a los usos de los políticos. Cada uno debe hacer bien su trabajo.