El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el resto de exconsejeros de ERC encarcelados provisionalmente desde el pasado 2 de noviembre han remitido un escrito al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el que piden que les cite a declarar y les deje en libertad. Todos ellos dicen acatar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, "por imperartivo legal", si bien afirman que no renuncian a sus convicciones políticas, aunque las defenderán por "las vías del diálogo y la negociación".

En el escrito presentado al nuevo instructor de la causa por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos en la que están imputados los antiguos miembros del Govern, la defensa de Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa asegura que todos "aceptaron y aceptan la aplicación del artículo 155 desde la más profunda discrepancia política y jurídica" y que "no renuncian a defender sus convicciones políticas por vías estrictamente pacíficas y democráticas y trabajarán con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita poner en manos de la ciudadanía la decisión sobre el futuro político de Cataluña".

No hay riesgos

Eso sí, los exconsejeros recuerdan que "ninguno ocupa actualmente posiciones de poder institucional que les permitan tomar decisiones susceptibles de generar un riesgo de reiteración delictiva", y en el caso de que "en el futuro" volvieran a ostentar algún cargo público "están firmemente comprometidos a canalizar su actuación por las vías del diálogo y la negociación".

Además, aseguran que no existe riesgo de destrucción de pruebas, ni de fuga. En este caso, lo justifican porque comparecieron ante la Audiencia Nacional cuando se les citó, "pese al altísimo riesgo de detención e incluso de prisión provisional (así se apuntaba en todos los medios de comunicación y así sucedió) que por el momento político y la precipitación de los acontecimientos se corría". EFE 

Campaña electoral

Los cuatro encarcelados también piden al magistrado que tenga en cuenta que concurren en las listas de ERC para las próximas elecciones autonómicas, que se celebrarán el 21 de diciembre. Este es, en su opinión, un "nuevo elemento" que no pudo valorar la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela cuando los envió a prisión preventiva.

Así, consideran que deben ser puestos en libertad para poder participar en la campaña electoral del 21D y porque, "pese a tener el deber de soportar la crítica, tienen asimismo el derecho a que se respete su reputación y que su imagen sea tratada de tal forma que no se influya en el proceso electoral ni se estigmatice de forma indebida su programa político". En este sentido, exigen que se garantice la "neutralidad" en el tratamiento de todos los candidatos en la campaña

"Asimismo, los procesos electorales deben discurrir con escrupuloso respeto a la igualdad de armas y al fair play, para que la ciudadanía pueda acceder en igualdad de condiciones a las propuestas de los candidatos, objetivo éste que forma parte de los principios democráticos que inspiran el texto constitucional", añade el escrito.