La escapada de Carles Puigdemont a Bruselas tiene tintes de vodevil. Pero también de estrategia jurídica, errática pero supuestamente bien calculada, ante su citación ante la Audiencia Nacional. La apuesta del expresidente catalán es arriesgada pues, de momento, ha trascendido que no quiere acudir a la Audiencia Nacional, donde ha sido citado a declarar como imputado por sedición y rebelión, entre otros delitos. Tiene que hacerlo hoy, al igual que los exconsejeros de su gobierno --todos ellos cesados en aplicación del artículo 155 de la Constitución por orden del Gobierno español--, mientras que la Mesa del Parlamento de Cataluña, con su presidenta Carme Forcadell al frente, lo harán ante el Tribunal Supremo.
Aparentemente, la estrategia de Puigdemont no sigue un patrón, pues mientras él se atrinchera en Bélgica --dijo que no se movería de allí, para luego precisar que no quiere eludir la acción de la Justicia--, la mayoría de cargos citados sí comparecerán.
Internacionalizar el conflicto
Algo más evidente es su deseo de internacionalizar el conflicto, en contra de la voluntad del Gobierno belga, que le ha aconsejado que regrese a Cataluña. Puigdemont parece querer forzar a la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, a pedir su extradición. Y no hay que ser muy ducho en materia política para darse cuenta de que eso supondría un gran golpe de efecto publicitario para la causa independentista en esta precampaña electoral del 21D. Y también se cargarían de razones quienes, como PDeCAT, Assemblea Nacional Catalana y Òmnium, quieren que se reedite Junts pel Sí, no así ERC, que ya quiere volar sola.
Que esta jugada judicial puede perjudicar para el resto de los querellados es algo que el secretario tercero de la mesa del Parlament, Joan Josep Nuet, también citado a declarar, recordaba ayer, pues abona la tesis del riesgo de fuga a la hora de valorar la prisión preventiva.
Inmolación
La última teoría que circula en medios políticos es la posibilidad de que Puigdemont quiera inmolarse para “salvar” a sus compañeros. Igualmente arriesgado, pues también anticipa voluntades judiciales.
Puigdemont ha aprovechado la atención mediática para divulgar la imagen de una Justicia española “represora”, propia de un régimen franquista. La banalización del exilio queda consumada con la reapertura de la web del Govern cerrada en aplicación del artículo 155 y reabierta con el dominio president.exili.eu.
La comparación del Estado español con el franquismo ha sido una constante en las comparecencias del expresidente, cuyo Gobierno, no obstante, ha utilizado la Justicia española para litigar con el Ejecutivo español en numerosas ocasiones --los recursos de la Generalitat ante el Tribunal Constitucional han disparado la conflictividad entre ambas administraciones--, mientras que el Parlament anunció recientemente una querella contra el presidente Mariano Rajoy. Una doble vara de medir evidente.
Abogado locuaz
Puigdemont juega al despiste: abandona el hotel de Bruselas, para luego anunciar que hará declaraciones en Gante, luego en Tielt y, finalmente, nada. Mutismo que rompe su abogado, Paul Bekaert, quien anunció que su cliente no acudirá a declarar ante la Audiencia Nacional y que quiere hacerlo desde Bruselas por videoconferencia. Afirma que su intención no es pedir asilo, pero hacer frente a la extradición.
No es habitual que un letrado anticipe las estrategias de sus representados. La locuacidad de este abogado, experto en impedir la extradición de miembros de la banda terrorista ETA, choca con la opacidad de los movimientos de quienes se arrogan todavía el Gobierno de la república catalana.