El objetivo de limpiar de asesores y cargos de confianza la Administración catalana no le resultará fácil al Gobierno español. La Generalitat tiene una estructura faraónica compuesta por más de 200 empresas, consorcios, sociedades mercantiles y fundaciones. Reducir estos chiringuitos públicos ha sido reclamado en numerosas ocasiones por Ciudadanos, que apoya junto al PSOE la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Todo ello ha permitido a los sucesivos gobiernos catalanes tener un coladero de altos cargos y asesores que, de forma progresiva, el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere eliminar. Gestionar en los futuros meses la Generalitat exige prescindir de cargos vinculados a ERC y PDeCAT. Algunos fueron heredados del anterior Gobierno de Artur Mas, es decir, que fueron heredados de la legislatura anterior. A algunos se les creó una plaza ad hoc.

Junto a la destitución anunciada anoche por Mariano Rajoy de Carles Puigdemont y de sus consejeros --el presidente catalán es diputado, al igual que otros consejeros, por lo que cobrarían ese sueldo--, se calcula que unos 150 asesores podrían ser apartados. Si a esta cifra se añaden 500 altos cargos y directivos (directores generales o secretarios generales), se espera un alud de ceses.

Funcionarios o no

Las destituciones de quienes fueron nombrados a dedo son automáticas y ni siquiera tienen que publicarse en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, pero hay cargos directivos ocupados por funcionarios y, por tanto, no pueden perder la plaza, pero si ser relegados. Es decir, bajar de categoría y perder complementos salariales. En general, la destitución de altos cargos eventuales sí que exige un cierto proceso burocrático.

Las medidas aprobadas por el Gobierno dejan muy claro que su incumplimiento por parte de los funcionarios “se entenderá como incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución y al Estatuto, a los efectos de las infracciones previstas en la normativa disciplinaria estatal o autonómica de la aplicación”.

Añade que “el ejercicio de la potestad disciplinaria por el Gobierno de la nación, o por los órganos o autoridades que cree o designe a tal efecto, con respecto a las autoridades y el personal funcionario o laboral del Parlamento de Cataluña y de la Administración de la Generalitat o de su sector público, se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal a los efectos de la posible exigencia de responsabilidad penal”.

El caso de los Mossos

El caso de los Mossos d’Esquadra, en el punto de mira del 155, es paradigmático. La Dirección General de la Policía daba por descontado que el mayor, Josep Lluís Trapero, sería destituido, como así ha sucedido. Junto a él, dos o tres de sus más estrechos colaboradores: un asesor del departamento y dos altos mandos policiales, uno de ellos con rango de intendente.

Trapero conservará su antigüedad laboral, su estatus profesional y su salario. De igual forma, los funcionarios que sean relevados no dejarán de percibir sus honorarios ni perderán sus derechos laborales adquiridos (trienios, por ejemplo).

Cuestión diferente son los asesores o cargos de confianza política que eventualmente sean destituidos. Su propio contrato implica que perderán su empleo (y, por lo tanto, el sueldo) y también las prerrogativas laborales adquiridas una vez cesados.

Así, el consejero de Interior, Joaquim Forn, será destituido y perderá  cualquier condición laboral y salarial. De igual forma, el director general de la policía, Pere Soler, al ser cargo de confianza, perderá su puesto de trabajo. Los nuevos gestores tendrán la posibilidad de modificar el destino laboral y el ámbito competencial de cualquiera de sus subalternos.