En las próximas horas, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, presentará la anunciada querella criminal por sedición contra Carles Puigdemont y una parte de la Mesa del Parlament y su equipo de gobierno.
Maza pide su detención y su ingreso en prisión. La querella se presentará ante el Tribunal Supremo porque la Fiscalía entiende que este alto tribunal puede ser competente para ello toda vez que algunos de los servidores informáticos que los organizadores del 1-O utilizaron para montar el referéndum estaban en el extranjero.
Ese argumento permite, según la Fiscalía (un criterio altamente cuestionado por diversos operadores jurídicos), que el caso recaiga en el Tribunal Supremo y no en un órgano judicial ordinario o excepcional situado en Cataluña.
Imputado sin duda
Se da por seguro que el tribunal aceptará a trámite la querella. En consecuencia, se da por seguro que Carles Puigdemont, alguno de sus consellers y Carme Forcadell serán imputados.
Sin embargo, el tribunal puede actuar de forma proactiva y contundente o puede hacerlo con una menor intensidad.
Dependerá del juez que Puigdemont sea detenido. Es una operación que dejará de depender del fiscal y recaerá en manos del magistrado de turno.
El juez puede ordenar su detención (probablemente a la Guardia Civil) y provocar un previsible revuelo mediático no falto de imágenes sin duda impactantes, o bien optar por citarlo en Madrid, interrogarlo y decidir en consecuencia una vez oída la defensa y el fiscal.
Humillación
Según las fuentes jurídicas consultadas, la segunda opción será “menos humillante” para Puigdemont. En todo caso, el futuro jurídico penal que se le augura no es nada halagüeño sea cual sea el canal que utilice el Supremo para poner a Puigdemont a su disposición.