La Fiscalía General del Estado no descarta querellarse contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, si levanta la suspensión de la independencia unilateral en el Parlament. José Manuel Maza ha indicado hoy lunes, 23 de octubre, que una DUI es un hecho "de una gravedad importante" para pedir cárcel para el dirigente político.
Hablando tras la inauguración del Programa de Innovación en Ciberseguridad 2017-2018, el representante del ministerio público ha valorado que "si hay algo que la Fiscalía entiende que está dentro del Código Penal y es un hecho delictivo, es lógico que se persiga".
"Lo que a mí me extraña y me sorprende es que sorprenda esto. Me parece lo más natural del mundo", ha agregado el letrado.
Matiz
El fiscal general ha matizado así unas declaraciones propias realizadas horas antes, en las que dejaba la posible puesta en custodia de Puigdemont a manos de los Mossos d'Esquadra.
Según él, una declaración unilateral de secesión "supone un acto de una gravedad importante que tiene también su repercusión y su relevancia" a la hora de valorar una querella en el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional (AN).
En referencia a si el levantamiento de la suspensión de la DUI en sí mismo constituiría un posible delito de rebelión, penado con hasta 30 años, Maza ha recalcado que "los hechos son tan complejos y a lo largo del tiempo" que, bajo su punto de vista "no sería determinante en un sentido u en otro este hecho en concreto", sino toda la secuencia.
Papel de los Mossos
Por la mañana, el máximo responsable de la Fiscalía General del Estado había recordado que tiene preparado un procedimiento contra Puigdemont, pero que está esperando a que la magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, le tome declaración.
"Cuando se produzca esa declaración se tomarán las medidas correspondientes --ha continuado-- respecto a los delitos" que se le puedan imputar al presidente de la Generalitat.
En cuanto a un posible arresto, Maza ha subrayado que deberían ser "los Mossos d'Esquadra los que procedan a su detención", y que si los agentes se negaran, "tendrían que ser suplidos por otras fuerzas de ámbito nacional".