El Gobierno invoca ley, economía, neutralidad y derechos ciudadanos para aplicar el 155

Preservar los derechos ciudadanos, evitar el deterioro economico, garantizar la neutralidad constitucional y restaurar la legalidad son los motivos alegados por el Gobierno para aplicar el artículo 155 de la Constitución, según un largo argumentario elaborado por los servicios jurídicos del Ejecutivo, y que se ha distribuido antes de que comparezca el presidente Mariano Rajoy para informar de las medidas que se aplicarán. Alega

El Gobierno afirma que el 155 tiene su origen "en el incumplimiento manifiesto, contumaz y deliberado de la comunidad autonóma de Cataluña, por sus máximas instituciones gubernamentales y parlamentarias, de sus obligaciones constitucionales, a través de la puesta en marcha de un proceso de secesión de dicha comunidad del Estado español, con desobediencia rebelde, sistemática y consciente de los reiterados pronunciamientos y requerimientos del Tribunal Constitucional, afectando de manera grave al interés general de España".

argumentario 155

Primera página del argumentario del Gobierno para aplicar el 155

Todo ello "ha producido una grave afección al modelo de convivencia constitucional, a los derechos del conjunto de los españoles, titulares de la soberanía nacional, y ha generado daños ya constatables por la inestabilidad política generada que menoscaban el bienestar económico y social del conjunto de los catalanes".

Las pretensiones secesionistas "están motivando ya un serio deterioro del bienestar social y económico en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Se ha provocado una progresiva fractura de la convivencia y se han puesto en riesgo las condiciones para el crecimiento económico". 

Recuerda el documento que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no ha respondido a los requerimientos del Gobierno respecto a si declaró la independencia de Cataluña en el pleno del Palament del 10 de octubre. Por eso se ha puesto en marcha este artículo 155. Cuatro motivos se detallan en este argumentario. Por un lado "restaurar la legalidad constitucional y estatutaria en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Es éste un cometido irrenunciable desde la constatación de que las autoridades autonómicas han ignorado la legalidad vigente, tanto cuando han contravenido abiertamente sus disposiciones, como cuando han intentado alterar sus principios y literalidad, de forma improcedente, fuera de los mecanismos previstos para ello".

En segundo lugar, "asegurar la neutralidad institucional, de forma que el interés general de los catalanes sea, en todo caso, el principio rector de sus responsables públicos por encima de los intereses políticos. Ese interés general, en el que confluyen los grandes acuerdos sociales sobre el bien común, debe ser el elemento inspirador de las políticas públicas, más allá de los diferentes posicionamientos políticos".

Fuga de empresas

Asimismo, el Ejecutivo pretende "responder de forma debida al interés general de todos los catalanes implica que sea objetivo irrenunciable de estas medidas garantizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y de la recuperación económica". En este sentido, afirma que "las incertidumbres generadas por las aspiraciones soberanistas, han generado una amplia desconfianza, no solo en la propia sociedad, sino también en los agentes económicos, provocando el traslado de sedes sociales y fiscales de las empresas, desincentivando inversiones y desmotivando el turismo, uno de los principales factores de crecimiento en Cataluña".

El equipo de Rajoy se muestra especialmente prolijo en este ámbito económico, pues añade que las pretensiones independentistas "obvian que supondrían de iure el abandono de la Unión Europea y la salida de la Organización Mundial del Comercio, pasando a ser un país tercero a efectos de las relaciones comerciales al que se le aplicarían los derechos autónomos del Arancel Exterior Común, además de controles aduaneros en frontera. Todo ello supondría una gran pérdida en términos de competitividad, crecimiento y empleo para una economía en la que el comercio exterior supone el 70% del PIB".

Derechos y libertades

En cuarto lugar, el artículo 155 busca "preservar los derechos de todos los catalanes. Los derechos que las leyes les otorgan y que las instituciones deben hacer efectivos. Porque, cuando las instituciones incumplen y justifican el incumplimiento de la Ley, vienen a arrogarse la capacidad de actuar fuera de cualquier norma y de ejercer, por ende, un poder sin control y sin límite. Una situación en la que los derechos y libertades de los ciudadanos quedan desprovistos de cualquier garantía y sometidos a la voluntad y, más aún, la arbitrariedad de sus gobernantes".