El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Seu d'Urgell (Lleida) investiga si los comentarios de varios profesores de un centro educativo de la zona habrían incurrido en un delito de incitación al odio en el marco del proceso independentista catalán. Los hechos se remontan al 6 de octubre: “Fueron turnadas a este juzgado diferentes denuncias referidas a unos mismos hechos ocurridos” en un centro escolar que permanece en el anonimato, según el auto publicado.
En ellas, “se relata por los progenitores de diferentes alumnos, diferentes comentarios realizados por profesores, así como actitudes amparadas por el director del indicado centro escolar” sobre la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional en la jornada del 1-O. El tribunal destaca que la madre de uno de los denunciantes forma parte de la Benemérita.
Protección de la igualdad
Indica que la Constitución “proclama la igualdad como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico” y que el Código Penal introduce varios artículos para protegerla y castigar a los que promueven el odio o la discriminación por “ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad” y que existen indicios que “los profesores indicados y el director del centro educativo” pudieron cometerlos.
Explica que “incitaron de manera directa a sus alumnos (de edades muy tempranas y en consecuencia moldeables, máxime por quien ostenta un principio de autoridad frente a ellos) a la comisión de hechos mínimamente concretados de los que pueda predicarse la discriminación, el odio, hostilidad o la violencia”.
Humillaciones de un alumno
“Hasta tal punto existen indicios de lo indicado”, afirma en el auto, “que según se relata en la denuncia un alumno de dicho centro habría sufrido humillaciones, insultos e incluso agresiones al ser su madre miembro de la Guardia Civil, y ser este hecho conocido por el resto de alumnos y profesores”.
Por todo ello, incoa las diligencias previas necesarias “para la comprobación de los hechos y de las personas intervinientes”.