Desde primera hora de este lunes, 9 de octubre, a menos de 48 horas de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, intervenga en el Parlament y, teóricamente, dé cumplimiento a su anuncio de independencia, más de 60 agentes de las unidades antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía, repartidos en ocho furgonetas blindadas, se han desplegado alrededor del macroedificio del Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que investiga los acontecimientos del 1-O y las cargas policiales.
Así lo acaba de ordenar el presidente del alto tribunal, Jesús María Barrientos, que lo ha argumentado “por la previsión de extremar la seguridad del edificio y garantizar su pleno funcionamiento ante la posibilidad de que el Parlament de Cataluña decida ejecutar lo que dispone su Ley 19/2017 (suspendida por el Tribunal Constitucional), en cuyo articulo 4.4 se dispone la supresión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña”.
Pérdida de confianza
En fuentes judiciales, esta orden del presidente se interpreta como una pérdida absoluta de confianza en la capacidad de los Mossos d'Esquadra para proteger los edificios judiciales y garantizar su normal funcionamiento.
Desde hace 12 años, los Mossos se encargaban en exclusiva de la vigilancia de dichos edificios.
Crónica Global adelantó el temor del CNP y de la Guardia Civil a que grupos de radicales tratasen de bloquear el Palacio de Justicia para limitar la capacidad de maniobra de los jueces que tramitan las causas por el 1-O.