“No es ilegal ni ilícito que los ciudadanos fueran a votar”

El juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona  afirma en un auto que aquellos que fueron que fueron a votar el día 1 de octubre no cometieron ni participaron un acto ilegal ni ilícito.

 Así se expresa este juez que ha admitido a trámite la denuncia de la Generalitat contra la Guardia civil y el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) por las cargas policiales del día 1 de octubre.

“Lo que no es ilegal ni ilícito es que los ciudadanos, convocados por su administración autonómica, se dirigieran a los puntos de votación que se les indicó, en un establecimiento público abierto al efecto, a reunirse o a realizar qualquier actividad que allí se hubiera programado, incluido depositar un papel sin valor legal alguno en una urna. Voto que, en todo caso, no puede producir ningún efecto jurídico relevante, al estar suspendida la ley que le daba tal sustento”.

Discrepancia con la fiscalía

El juez discrepa radicalmente de los postulados de fiscalía que calificó la actuación de los cuerpos policiales de ponderada y que no afectó a la convivencia ciudadana. El juez no acepta este planteamiento.

“Dice el Ministerio Fiscal que las medidas adoptadas por la Policía Nacional en absoluto afectaron a la normal convivencia ciudadana”. Resulta evidente que esto no es así, al menos, según las diversas grabaciones realizadas por los ciudadanos y los profesionales que allí se encontraban emitidas por los medios de comunicación. Afectación de la normal convivencia ciudadana la hubo, toda vez que existieron disturbios y lesionados en al menos 17 lugares distintos de la ciudad en una misma mañana y, como el mismo informe del CNP dice, hubo momentos en que fue necesario disparar salvas al aire y pelotas de goma. La investigación de los hechos determinará, si es posible, si la normal convivencia se alteró por la actuación de los agentes, por la de las personas que allí se encontraban, o por una combinación de ambas”.

¿Quién dio las órdenes?

Por ello, el juez ha pedido a la Delegación del Gobierno que le aporte las órdenes que dictó la jefatura de policía y la Guardia Civil a sus agentes antidisturbios.

“Por esto es sumamente importante conocer el detalle de lo actuado y saber si las personas lesionadas ejercían una protesta pacífica, una resistencia pasiva a los agentes de la autoridad, una resistencia activa leve o grave, estaban haciendo cola para emitir su voto o simplemente se encontraban en el lugar. No puede descartarse ninguna opción en este momento, por lo que lo afirmado por el Ministerio Fiscal debe rechazarse”.

El juez pide datos fehacientes al Delegación del Gobierno, y en una alegato muy duro, exige saber por qué las cargas policiales cesaron por la tarde.

¿Con qué criterios?

“Solicítese a la Delegación del Gobierno en Cataluña informe que incluya las instrucciones orales y escritas dadas a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado respecto a los hechos investigados así como cualesquiera instrucciones que se hubiesen dado a los mismos, indicando las personas responsables de la organización del dispositivo policial y sus funciones concretas. Igualmente, solicítese información respecto a los criterios que se siguieron a la hora de elegir los diferentes espacios para realizar las actuaciones policiales y el motivo por el cual cesaron sus intervenciones a mediodía y no continuaron hasta el fin del proceso de votación”

Colaboración ciudadana

El juez pide a los medios de comunicación que aporten las imágenes obtenidas durante las cargas policiales y ofrece acciones a todos los dignificados (en Barcelona se presentaron 99 denuncias por presuntas víctimas de las cargas, según el juzgado de guardia), para que se ratifiquen en sede judicial.

Respecto a los policías heridos, quiere saber cuáles lo fueron por agresiones y cuáles por heridas durante su propia actuación.

El mismo juez, que estaba de guardia el domingo pasado, ha abierto diligencias por la inactividad de los Mossos d'Esquadra durante las primeras horas de la jornada de movilizaciones. Y otra demanda contra la Generalitat por presunto uso de datos confidenciales de los ciudadanos.