Del triunfalismo por los resultados del referéndum a la división independentista en solo 24 horas. Las formaciones partidarias del sí, que el domingo expresaban con una sola voz la satisfacción por la votación del 1-O, se mostraron ayer divididas ante una inminente declaración unilateral de independencia (DUI). La propuesta de mediación internacional lanzada por el presidente, Carles Puigdemont, en su comparecencia posterior a la reunión extraordinaria del Govern fue rechazada por ERC y la CUP, pero es la vía de apaciguar la inquietud que las vías rupturistas generan en PDeCAT. “¿Dónde está Junqueras? Parece que Puigdemont va por libre”, indicaban fuentes próximas a la formación republicana.

La huelga general que se celebra hoy ha servido de excusa a los partidos secesionista para posponer la celebración de un Pleno en el Parlamento catalán en el que se debe aprobar esa declaración de forma solemne. Nadie saldrá al balcón de la Generalitat a proclamar la república catalana, pero al igual que sucedió con la declaración de soberanía aprobada el 9 de noviembre de 2015 –lo que dio lugar al arranque de investigaciones judiciales— se espera un pronunciamiento con una fuerte carga simbólica, que no tendría efectos prácticos, pues se abriría un período transitorio de seis meses hasta las elecciones “constituyentes”.

PDeCAT, ERC y CUP están de acuerdo con esa declaración de principios, que podría derivar en la inhabilitación judicial de los reincidentes Puigdemont y de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, o en una suspensión de la autonomía por parte del Gobierno. El entorno de Mariano Rajoy se jacta de la contundencia empleada hasta ahora, hasta el punto de defender la intervención de la Policía Nacional y Guardia Civil, cuestionada por la Unión Europea. Pero la presión de Ciudadanos, cuyo líder, Albert Rivera, ha pedido la aplicación del artículo 155 de la Constitución para recuperar el músculo perdido, aboca todavía más a esa medida.

Consejeros divergentes

Hace tiempo que estas posturas enconadas preocupan a determinados dirigentes de PDeCAT, contrarios a posturas unilaterales. Tanto el expresidente Artur Mas como el exconsejero de Economía Andreu Mas-Colell se han pronunciado en contra de esa vía rupturista, mientras que otros consejeros del actual Gobierno, como Santi Vila o Josep Rull, han manifestado en privado su malestar sobre la forma en que se ha llevado el procés.

Los hechos del 6 de septiembre, cuando la Cámara catalana aprobó una ley del referéndum saltándose todas las normas parlamentarias, podrían repetirse de nuevo en ese Pleno específico en el que debe aprobarse esa declaración de independencia. De ahí que ningún dirigente de la nueva Convergència se atreva a pronunciar la palabra DUI y hablen de “debate de las consecuencias de los resultados del referéndum”.

La contundencia de Rovira

Evitar un cisma en PDeCAT exige una declaración de mínimos. Y también, el compromiso de negociar con el Gobierno español. Por ello, Puigdemont apeló a la mediación internacional entre Gobierno español y Generalitat. Lo hizo sin encomendarse a sus socios de ERC.

En este sentido, la secretaria general de este partido, Marta Rovira, fue muy clara: “De la UE no esperamos una mediación política sino una intervención. Pediremos la intervención de la comunidad europea y de los organismos internacionales que velan por los derechos fundamentales y derechos humanos. No existe mediación cuando son vulnerados, no hay mediación, es intervención política directa e inmediata”, dijo en referencia a la intervención policial del 1-O. Por su parte, la diputada de la CUP Anna Gabriel rechazó la mediación e incluso formar parte de una UE “que tolera la violencia salvaje con su silencio”.

Las fuentes próximas a la formación republicana constatan lo que teme desde hace meses Esquerra: que el aguante del exalcalde de Girona desvanece la posibilidad de un adelanto electoral en el que ERC partiría como ganadora.