El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos tiene preparado su propio plan de contingencia que pasa por un binomio entre información y reacción.
En el marco de ese plan, el mando director del operativo antirreferéndum ha distribuido desde hace días a centenares de agentes de la brigada de información (CNP y GC) en los aledaños de prácticamente todos los colegios electorales de Cataluña. Ellos serán los ojos y oídos del coronel. Esos expertos en información y análisis evaluarán la eventual “situación de riesgo” que se pueda producir en cada centro y procederán a informar, caso por caso, al mando único que lidera De los Cobos, mando que está avalado por el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Despliegue programado
Tal y como ya adelantó Crónica Global, el eventual despliegue de la Guardia Civil y la Policía Nacional (en caso de inacción o insuficiente actuación de los Mossos d'Esquadra) se efectuará sobre el antiguo mapa de presencia policial de ambos cuerpos en Cataluña anterior al despliegue de la policía autonómica.
Así lo tiene previsto el coronel, cuya línea o plan de actuación ni ha sido consensuado ni coordinado ni puesto en común con la jefatura de los Mossos que, por su parte, tampoco ha establecido comunicación operativa alguna con el resto de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Ese divorcio operativo es exactamente lo contrario de lo ordenado por la juez del TSJC Mercedes Armas, que ha pedido una expresa implicación y colaboración entre los tres cuerpos para cerrar colegios, impedir la votación y retirar las urnas.
En manos de De los Cobos
¿Cuándo, a partir de qué momento o de qué situación el coronel entenderá que la actuación de los Mossos no está a la altura o en sintonía con lo ordenado por el alto tribunal catalán?
Esa es la pregunta y sobre ese interrogante, o sobre esa falta de concreción, se sitúa su margen de maniobra.
Diego Pérez de los Cobos puede actuar sin el permiso o la autorización judicial y, haciéndolo, no se alejará un ápice del mandato de la juez Armas, que deja en manos de su valoración (y en la del resto de cuerpos policiales) cómo actuar y con qué estrategia habría que hacerlo en cada momento.
Difícil situación la de los Mossos que, a la presión social por su papel en el contencioso, se ha de sumar la tutela y supervisión judicial y la sombra de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad estatales que no les van a perdonar ni a pasar por alto un solo desliz.