Los miles de agentes de los grupos antidisturbios, seguridad ciudadana e información del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y de la Guardia Civil que han llegado (y  llegarán) a Barcelona no tienen como cometido la búsqueda de las urnas, ni de las papeletas, ni la intervención de teléfonos o las vigilancias encubiertas. Esta tropa policial está en Barcelona como mano de obra efectiva para nutrir el eventual dispositivo de blindaje de los colegios electorales y protección de sedes políticas y organismos públicos, en caso de una movilización masiva con motivo del referéndum el próximo domingo día 1.

El coronel Diego Pérez de los Cobos, número tres de Interior e integrante del ala más dura del Gobierno central en relación al procés, lo que quiere, en primer lugar, es conocer de qué plantilla operativa dispone sumando los efectivos a tal efecto de la Guardia Civil (fundamentalmente el GAR Y GRS), CNP (en concreto, la UIP) y Mossos d'Esquadra (la BRIMO, la ARRO y la unidades de seguridad ciudadana).  

Se prevé tumulto

Según las fuentes policiales consultadas, la cosa va de distribución y coordinación de la fuerza policial en caso de un mayor o menor nivel de alerta, esto es, del grado de movilización ciudadana y de apertura o no de colegios electorales.

En este sentido, los informes de análisis y de la inteligencia policial (que obran sobre la mesa de De los Cobos) hablan de una participación multitudinaria y de toma de las calles especialmente durante las primeras horas de la mañana.

Y con alerta terrorista

Los Mossos han puesto sobre la mesa operativa la situación policial de máxima alerta antiyihadista (alerta 4 superior), y los detalles del plan desplegado a tal efecto y bautizado como Ágora. Este operativo iniciado tras la desarticulación de la célula yihadista que atentó en Las Ramblas y que se prolongaba hasta el día 10 de octubre ya contemplaba, e incluía, la esencia de los llamados operativos Urna, los planes de vigilancia habituales ante cualquier contienda electoral en Cataluña.

El plan Ágora está a punto de pasar de nivel 2 a nivel 3. Eso ahora va a depender de la aprobación, o al menos conocimiento, del coronel De los Cobos.

La justicia maneja información “delicada”

Por otro lado, la Guardia Civil y la Fiscalía conocen la cara b de altos cargos del Govern gracias a los pinchazos telefónicos secretos que ordenó el juez de instrucción número 13 de Barcelona.

Por la vía de lo procedimentalmente legal y éticamente correcto, sin atajos, sin chantajes ni guerra sucia. La inteligencia del Estado lleva más de ocho meses acumulando información “determinante” sobre los prolegómenos del referéndum a la par que se ha nutrido de otros datos de interés político y estratégico sumamente interesantes en el marco de la contienda que mantiene el actual Gobierno de Cataluña.

Los Mossos sin accesos a información

El juez de instrucción número 13 de Barcelona, José Antonio Ramírez, ordenó la “intervención telefónica de distintos números pertenecientes a personas estrechamente vinculadas con el aparato logístico de preparación del referéndum”, ha dicho a este medio una fuente próxima a la investigación. Al mismo tiempo, Ramírez decretaba el secreto de las actuaciones, un secreto que, trascurridos ocho meses, continúa vigente.

Los indicios criminales por un delito de prevaricación, malversaciones de caudales públicos y desobediencia se han ido acumulando en el despacho de Ramírez a partir de las diligencias ordenadas. Fuentes policiales han explicado a Crónica Global que la investigación del juez, aún secreta, no ha hecho más que empezar. Los Mossos, de momento, no tienen acceso a ella.