¿Asumirá el TSJC todo el macrocaso del 1-O?

“O el juez Ramírez no quiere perder la competencia del caso, o está esperando que se lo pida el TSJC”. Fuentes de la Audiencia de Barcelona consultadas por este medio consideran llamativo que entre los detenidos en la macroperación por el caso 1-O no se encuentren aforados y que el listón de altos cargos arrestados no alcance ni a consellers ni a diputados.

Cierto es que todos los consellers del Gobierno de la Generalitat ya están imputados por prevaricación, desobediencia y malversación en la sala civil y penal del alto tribunal catalán. Pero entre jueces y fiscales se impone la idea de que existe una “conexidad” evidente entre la causa abierta por el Juzgado número 13 y las diligencias de investigación en curso por parte de tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tras las querellas de la Fiscalía.

Cuestión competencial

En círculos judiciales se da como más que probable que el TSJC reclame del Juzgado número 13 las diligencias que desde hace casi un año llevan abiertas y que han desembocado en el macroperativo de ayer.

Sin embargo, no existe unanimidad respecto a cuál es el parecer al respecto de la Fiscalía de Cataluña. Da la sensación de que a la cúpula fiscal no le interesa que el caso se acumule en el TSJC. Aunque la posición del alto tribunal es de momento firme y de apoyo al argumento que apunta a la ilegalidad de las leyes y decretos sobre el referéndum, dos controvertidas decisiones de la sala de admisión del TSJC no han pasado desapercibidas para el ministerio público: de un lado, eximir a Carme Forcadell, presidenta del Parlament, del delito de malversación de caudales públicos. Y, por otro, eximir de este delito y del de prevaricación a la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras, y al presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch, ambos querellados por el fiscal por tres delitos, pero sólo investigados, por el momento, por uno: el de desobediencia.

El TSJC firme y moderado

Así, da la impresión de que el TSJC mantiene un perfil más bajo y menos beligerante que la Fiscalía y que, desde luego, el juez de instrucción número 13, que ha hecho suyas las propuestas del ministerio público y de la Guardia Civil sobre el diseño y alcance de la operación contra altos cargos del Govern por el caso 1-O.

“A la Guardia Civil también le conviene más un juez ordinario, más accesible, más acostumbrado a los contubernios con la policía, que no un magistrado del Tribunal Superior, más inaccesible y falto de cintura para el trato policial".