El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha pedido la citación de cinco alcaldes que han aceptado participar en el referéndum. Son los primeros de los 712 que respondieron a la Generalitat que colaborarán en la organización del 1-O, por lo que cederán locales municipales para situar las urnas.
Todos ellos tienen calidad de aforados, ya que cuatro son diputados en el Parlamento catalán y el quinto lo es en el Congreso. Se trata de los alcaldes de Mollerussa (Lleida), Marc Solsona (PDeCAT); la Seu d’Urgell (Lleida), Albert Batalla (PDeCAT); Valls (Tarragona), Albert Batet (PDeCAT); Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Neus Lloveras (PDeCAT y presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia); y Tortosa (Tarragona), Ferran Bel (PDeCAT).
Los cuatro primeros tendrán que declarar ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), mientras que el último será citado ante el Ministerio Público del Tribunal Supremo.
Sin embargo, es el alcalde de Reus (Tarragona), Carles Pellicer (PDeCAT), el primero que ha recibido la citación del fiscal, el día 21 de septiembre a las 9.30. Posteriormente declarará el alcalde de Amposta, de ERC. Y el día 25 de septiembre lo hará el de Deltebre (PDeCAT).
Alcaldes de la CUP
El Gobierno ya ha enviado dos cartas a los ayuntamientos para advertirles de que el referéndum es ilegal, por lo que les recordó que tienen prohibido ceder locales para la votación y difundir propaganda. Una de las citadas, Lloveras, instó a los alcaldes que firmaron decretos de apoyo al referéndum a acudir a la citación judicial. "No tienen nada que esconder ni ningún inconveniente en explicar, donde sea, que estarán al lado del Parlament", dijo.
Los primeros ediles de la CUP que han anunciado su colaboración en el 1-O no seguirán las instrucciones, tal y como afirmó la formación antisistema. El partido gobierna en 28 consistorios, más los de Badalona y Sabadell, en los que forma parte de la coalición que los lidera.