La página web referendum.cat puesta en marcha por la Generalitat de Cataluña para informar sobre el referéndum del 1-O ya no se encontraba operativa este miércoles sobre las 19 horas.
La web ha dejado de funcionar, según el diario El País, por orden del titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, quien ha ordenado el cierre de la web a petición de la Guardia Civil, que se personó este miércoles en la empresa CDMon, quien gestionaba la web de referéndum desde su sede, ubicada en Malgrat de Mar. El dominio ya está anulado, por lo que no es posible hacer modificaciones ni acceder.
Instrucciones fiscales
Los cuerpos policiales que operan en Cataluña tienen instrucciones de la fiscalía para actuar contra la organización del referéndum y siguiendo esas órdenes, la Guardia Civil solicitó la preceptiva orden judicial para proceder al cierre de la web.
Sin embargo, el propio Carles Puigdemont ha informado a través de Twitter de que esa página está anulada pero que hay otros clones en internet de donde se puede obtener la misma información sobre la organización de la consulta ilegal, como http://www.ref1oct.eu/.
Ni un euro público
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró ayer que la Intervención de la Generalitat ha trasladado al Ejecutivo que no conoce el origen de los recursos que se han utilizado para la página web del referéndum y el vídeo publicitario del 1-O, por lo que habrá que derivar "las consiguientes responsabilidades".
En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Senado, Montoro insistió en que "ningún dirigente político ni ningún funcionario puede utilizar ni un euro público para actividades ilegales, que no estén sujetas a la intervención de ese órgano".
Petición de información
El pasado viernes, Hacienda remitió a la Intervención General de la Generalitat un apercibimiento para que explicase la web de promoción del referéndum y el vídeo que anima a votar el 1 de octubre, y que justifique cómo ha sufragado estas acciones.
"Lo que nos están trasladando es que la Intervención de la Generalitat no conoce el origen de los recursos que se han utilizado", dijo Montoro, para quien es "muy preocupante que ocurra esto en un país desarrollado, civilizado, donde un poder público esté haciendo un gasto público y que la intervención de ese poder público no sea capaz de informar sobre el origen de ese gasto".
La búsqueda de los responsables
El titular de Hacienda anunció que procederían a "calificar" toda la información y que "de ahí, sin duda alguna, se derivarán las consiguientes responsabilidades", incluidas "las responsabilidades contables que se deriven de la potencial utilización de esos recursos".
Montoro ha advertido, asimismo, de que "no vale decir que un organismo público está recibiendo una financiación privada para hacer una ilegalidad", porque "eso es una ilegalidad todavía mayor por parte de quien esté aportando esa financiación".