Ni rastro de la ley del referéndum. ¿Astucia? Más bien división. El tiempo corre y todavía se desconoce qué vía utilizarán los independentistas para convocar el referéndum previsto para el 1 de octubre. Mostraron unidad contra el Rey en la manifestación antiterrorista celebrada ayer, pero están divididos ante la estrategia a seguir. Tal como informó Crónica Global, la reunión que el martes pasado mantuvieron el presidente Carles Puigdemont y la coordinadora de PDeCAT, Marta Pascal, sirvió para cerrar filas y abordar un posible envío de la ley del referéndum al Govern para su aprobación. Una vía que ni ERC ni CUP desean, pues defienden su tramitación parlamentaria para darle un mayor empaque y solemnidad institucional.
En paralelo, la CUP anunció recientemente que había llegado a un acuerdo con Junts pel Sí (PDeCAT y ERC) para presentar a finales de agosto la ley de transitoriedad, la que debe permitir romper con España una vez gane el sí en el referéndum. Ambas leyes, sea cual sea el procedimiento a seguir, serán impugnadas automáticamente por el Gobierno español, lo que dará lugar al temido choque de trenes. Y también pondrá a prueba la capacidad de resistencia de Puigdemont, sin nada que perder pues asegura que no quiere revalidar como presidente, y de Oriol Junqueras, ungido por las encuestas como el próximo mandatario catalán. La cena que el líder de ERC compartió con el podemita Pablo Iglesias en casa del empresario Jaume Roures da fe de esos preparativos postelectorales.
¿Marcha atrás en la vía parlamentaria?
Es precisamente la vía parlamentaria la elegida desde hace meses por los independentistas. De ahí que, entre otras tretas jurídicas, JxS impulsaran una reforma del reglamento de la Cámara catalana con la finalidad de aprobar en lectura única, es decir, en una única sesión plenaria, la ley del referéndum. La fórmula exprés. Pero a punto de finalizar la segunda quincena de agosto, declarada hábil para poder avanzar en el procés, la ley no ha sido tramitada aún por la Mesa del Parlament, pese a que está registrada desde el 31 de julio.
Los nuevos convergentes calibran la posibilidad de que, en lugar de proposición de ley, el Govern apruebe por decreto esa norma que debe regular el referéndum, con la amenaza de inhabilitación que ello supondría para los miembros del ejecutivo de Puigdemont, incluido su vicepresidente, Oriol Junqueras. Una inhabilitación que en el Gobierno español se ve como una excelente alternativa a la aplicación del artículo 155 de la Constitución --suspensión de la autonomía--.
Movilizaciones callejeras
Los antisistema, socios de JxS en esta legislatura, aprietan con las fechas y exigen que la ley del referéndum esté aprobada antes de la Diada del 11 de septiembre.
Una Diada que, tras la manifestación de ayer, acaparada por los independentistas, se prevé muy reivindicativa. Especialmente si la ley de referéndum es suspendida por el Tribunal Constitucional, como es previsible. A partir de ahí surge un nuevo escenario que volverá a poner a prueba el arrojo de las formaciones independentistas. La CUP exige desobediencia, desacato y agitación callejera, e incluso una acampada ante el Parlament, algo que no agrada a PDeCAT y que ERC no descarta.