La autoridades belgas aseguran que en 2016 comunicaron a "las autoridades antiterroristas de Barcelona" sus sospechas sobre un ciudadano de origen magrebí, procedente de España, y que decía ser imán de Ripoll. 

Abdelbaki es Satty desapareció de Bélgica cuando, en marzo de ese año, las autoridades gubernativas le pidieron la documentación preceptiva para autorizarle su empadronamiento en la población de Vilvoorde, cercana a Bruselas. Los responsables de la lucha antiterrorista belga tomaron buena nota de aquel tipo, poco hablador y que, cuando lo hacia, renegaba de la tibieza de sus correligionarios en Girona en las conversaciones en las que trataban del tema yihadista.

No saben, no contestan

La inteligencia belga pidió datos sobre Es Satty a la española, y la respuesta que recibieron, según dicen, es que no les constaba antecedentes ni sospecha alguna sobre ese imán. Este jueves, El País explica que la policía belga contactó con los Mossos d'Esquadra. Una comunicación informal pero a alto nivel. El interlocutor de la policía autonómica catalana era el número dos de la Brigada de Información Antiterrorista, Daniel Canals.

Fuentes del Departamento de Interior de la Generalitat han confirmado a este medio que, efectivamente, en la base de datos de "sospechosos yihadistas" de los Mossos no incluida a Abdelbaki es Satty. Los Mossos insisten que fue un comentario "informal" y que no se produjo una solicitud de datos oficial. "Si se produjo esta solicitud de información, debió recaer en los órganos de inteligencia antiterrorista que dependen del Gobierno central, no en nosotros", ha explicado una fuente del Departamento de Interior relacionada con la lucha antiyihadista. "En todo caso, nosotros no recibimos comunicación de ningún tipo por parte del Estado sobre esa consulta que habría realizado la policía belga", añade. Muy extraña esta respuesta de Interior por el nivel de los interlocutores y por la sabida vinculación de un familiar del imán en anteriores operaciones antiyihadistas dirigidas por la propia policía autonómica.

Mentiras corporativas

Alguien no dice la verdad: o las fuerzas de seguridad del Estado (que niegan haber recibido comunicación alguna en este sentido), o los Mossos, o los responsables gubernativos belgas.

Lo cierto es que ese incidente pone de manifiesto que el intercambio de información sensible policial es deficiente, poco fluido o inexistente, según los casos. Crónica Global adelantó que horas después del atentado se registró un incidente operativo que nadie ha negado y sobre el que no se quiere hablar ni remover:  La Guardia Civil había abierto una línea de investigación alrededor de la furgoneta que se utilizo en Las Ramblas, al margen de los Mossos y sin consultárselo, cuando la policía autonómica estaba ya trabajando a las órdenes del juez central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, que investiga el caso.

No había trascurrido ni una hora del atentado y la Guardia Civil se personó en la empresa de Santa Perpètua de Mogoda que alquiló las furgonetas, minutos antes de que lo hicieran los Mossos. Ese mismo jueves, cuatro horas después del atentado, en una reunión entre Guardia Civil, Mossos, Policía Nacional y CNI, los primeros reconocieron (a instancias de los mandos autonómicos) que tramitaban una investigación paralela y pusieron los datos obtenidos sobre la mesa de coordinación.

Cada uno a lo suyo

El Ministerio del Interior no ha escondido nunca sus reticencias a que los Mossos dispongan de hilo directo con los organismos de información internacional sobre terrorismo, toda vez que las competencias iniciales sobre esta materia recaen en la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía. Los Mossos, por su parte, aspiran a ello.

Pero en esa pugna entre unos y otros se han registrado recientemente episodios grotescos, casi vergonzantes, como el que se vivió hace tres años cuando la policía autonómica denunció que agentes de información de la Policía Nacional habrían avisado a supuestos colaboradores yihadistas de una investigación de los Mossos sobre esos individuos. El proceso se judicializó y, aunque se acabó archivando, dejó una elocuente cicatriz que, a pesar de los mensajes planos y protocolarios de los dirigentes políticos del ministerio y la conselleria de Interior, sigue escociendo horas después del atentado.

¿Donde las dan las toman?

Las cicatrices perduran. El apego mal entendido a un uniforme, a una placa o a una institución, sumado al incontenible ego de algunos, hace que el flujo de una información sensible que debería de ser conocida y procesada por todos, sea inalcanzable para algunos. De un tiempo a esta parte, cuando la Guardia Civil o la Policía Nacional quieren saber si una determinada persona está hospedada en algún hotel de Cataluña, se lo han de comunicar a los Mossos, para que sean estos los que hagan la gestión y accedan a esa base de datos específica, a la que no tienen acceso los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al menos directamente. Lo mismo ocurre con la información penitenciaria, toda en manos de la Generalitat.

Ineficaz y ridículo pero real.