“No somos inocentes, estamos en un contexto de judicialización y la ley es compleja. Estamos valorando qué hacemos”, aseguraba la semana pasada Carme Forcadell, tras una reunión de la Mesa del Parlamento catalán que, pese a la gran expectación levantada, pospuso la tramitación de la ley del referéndum. Las palabras de la presidenta de la Cámara catalana confirmaron una realidad no confesada: la existencia de una estrategia indepe para soslayar la acción de la Justicia.

A continuación, siete de las argucias utilizadas por independentistas (hasta ahora):

1. Evitar que la Mesa del Parlament tramite la ley del referéndum: Sobre Forcadell y los miembros de la Mesa que representan a las formaciones independentistas pesa una querella por incumplir las prohibiciones del Tribunal Constitucional sobre sus actuaciones secesionistas. De ahí que este órgano gestor de la Cámara catalana no haya admitido todavía a trámite la ley del referéndum que Junts pel Sí y la CUP registraron el pasado 31 de julio.

2. Reformar el reglamento de la Cámara catalana: Una de las grandes artimañas de los independentistas ha sido impulsar la reforma del reglamento de la Cámara catalana –ya se había reformado recientemente— para permitir que las proposiciones de ley puedan ser aprobadas por la vía de urgencia, es decir, mediante lectura única.

3. Utilizar la vía exprés (lectura única): La lectura única permitiría aprobar la ley del referéndum en una única sesión plenaria, es decir, en una sola votación, sin debate parlamentario. Se reduce así el margen de maniobra del Estado. Sin embargo, el Consejo de Garantías Estatutarias establece que la lectura única debe ser utilizada de forma excepcional, en iniciativas legislativas que, por su escasa complejidad o relevancia social, no requieran de un extenso proceso deliberativo. La propia Forcadell reconoció que la ley del referéndum es una ley "compleja".

4. Soslayar la acción del Consejo de Garantías Estatutarias: Con la aprobación de la ley del referéndum mediante lectura única, Junts pel Sí y la CUP intentan evitar el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), órgano encargado de velar por el ajuste de las leyes catalanas al Estatut y la Constitución. Esta especie de tribunal constitucional a la catalana ya se ha pronunciado en varias ocasiones en contra del procés, al igual que los letrados del Parlament. De ahí que el PSC haya preparado ya su petición de dictamen al CGE, a la espera de lo que ocurra en los próximos días

5. Reinterpretar el Estatut para tener un régimen electoral propio: La ley de referéndum contempla la creación de una administración electoral catalana, la Sindicatura Electoral de Cataluña. El Estatut contempla competencias en materia electoral, pero precisa que debe ser regulado por una ley del Parlament aprobada por mayoría de dos terceras partes de los diputados. Y los independentistas solo suman una mayoría simple.

6. Proclamar la soberanía del Parlament: No es lo mismo impugnar un acuerdo de la Mesa que una ley catalana aprobada por un Parlamento que, según los secesionistas, “es soberano”, aunque según ha avisado en varias ocasiones el Tribunal Constitucional, la autonomía de una comunidad no equivale a un fraccionamiento de la soberanía. Es decir, que el Parlament representa al pueblo catalán, pero no a la “soberanía del pueblo catalán”.

7. Alterar la orden del día del Pleno: Es una de las vías posibles para tramitar la Ley del Referéndum. Consiste en no programar previamente esta norma, pero una vez comience el Pleno de los días 6 y 7 de septiembre, los grupos independentistas piden la alteración del orden del día para incluir esa votación. Existe un precedente reciente: CUP y CSQP pidieron debatir una propuesta para que el Govern se presentara como acusación en el caso Palau cuando el Pleno ya había empezado.