El procés ha provocado un divorcio entre los grupos independentistas y los letrados del Parlamento catalán, cuyas advertencias sobre las ilegalidades de la pretendida ruptura son sistemáticamente ignoradas por Junts pel Sí, la CUP y por la propia presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell. De ahí que este cuerpo de prestigiosos juristas elevara su voz y reclamara al Tribunal Constitucional (TC) mayor concreción en sus resoluciones con la finalidad de reforzar sus tesis. El Alto Tribunal ha atendido ese ruego.

El pasado 31 de julio, el Pleno del TC suspendía la reforma del reglamento del Parlamento catalán con la que las formaciones independentistas, Junts pel Sí y la CUP, pretenden aprobar por la vía de urgencia --sin debate y en una sola votación-- la ley que regula el referéndum previsto para el 1 de octubre. Fuentes jurídicas explican que no es habitual que en una providencia de admisión a trámite y suspensión cautelar el Alto Tribunal se explaye en sus advertencias, es decir, en las acciones que, a partir de la notificación de la resolución, quedan prohibidas.

Lo que dice el TC

“Se advierte del deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada. En particular, que se abstengan de iniciar, calificar, introducir en el orden del día de cualquier órgano del Parlamento de Cataluña, y, en general, de dictar acuerdo alguno que implique la tramitación de una proposición de ley por el procedimiento de lectura única en aplicación del impugnado apartado segundo del artículo 135 del Reglamento del Parlamento de Cataluña, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en la que pudieran incurrir en caso de incumplir dicho requerimiento”.

Estas prohibiciones están dirigidas a Carme Forcadell, así como al resto de integrantes de la Mesa del Parlament; al secretario general de la Cámara, Xavier Muro, y al letrado Mayor del Parlament, Antoni Bayona.

Según han explicado a Crónica Global fuentes parlamentarias, Xavier Muro ha expresado en varias ocasiones la necesidad de que el TC pormenorizara esas prohibiciones para reforzar los informes de los letrados, sistemáticamente ignorados por los grupos independentistas. El rechazo de Junts pel Sí y la CUP a acatar las resoluciones de los abogados de la Cámara, quienes avisan de las ilegalidad del procés, ha generado malestar en ese cuerpo jurídico.