El enigma de las urnas: ¿desde 'Exteriors' o a través de las entidades independentistas?

Faltan 71 días para el 1 de octubre, la fecha fijada por el Gobierno de Carles Puigdemont para celebrar el referéndum sobre la independencia de Cataluña. En esta cuenta atrás los planes de la Generalitat para hacer efectiva la compra de las urnas todavía son una incógnita.

La incógnita, sin embargo, no solo se limita a la adquisición de los receptáculos, sino que se extiende a toda la logística de la operación. Por un lado, está por ver cuál de entre la lista de empresas sondeadas por la Generalitat pueden cumplir con el pedido: la fabricación de 8.000 urnas de metacrilato, su almacenamiento en un lugar seguro y la operativa para desplegarlas por todo el territorio catalán poco tiempo antes del 1-O que impida al máximo la reacción inmediata del Gobierno central.

Por otro lado, fuentes cercanas al Ejecutivo catalán ven un alto grado de “improvisación” que hace que, a día de hoy, sea difícil pensar que todo pueda estar preparado con el breve periodo que queda para lel 1-O. Asimismo, la última decisión del Ministerio de Hacienda de revisar los expedientes de gasto del Govern de forma semanal para evitar que se pueda tramitar el referéndum ilegal hace que no haya una estrategia clara y se “vayan dando bandazos”.

Pago a través de entidades

Una de las fórmulas que tiene el Govern para sortear la decisión del Ministerio de Hacienda de poner un control sobre los gastos es acordar con el proveedor el pago a posteriori y hacer el encargo a través de otro ente que evite a la Generalitat tener que pasar cuentas con la Administración central y perder así la posibilidad de seguir cobrando del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).  

Desde la principal entidad secesionista, la ANC, ya negaron a instancias de este periódico la posibilidad de tramitar el pago a su nombre, pero si el Ejecutivo central obstaculiza la operación es una hipótesis que no se puede descartar completamente. 

Otro problema derivado de esta opción es, no obstante, la falta de empresas dispuestas a hacerse cargo de un encargo tan grande (8.000 urnas) sin un anticipo económico. El concurso de la Generalitat fue declarado desierto, entre otras cosas, por la incapacidad de las empresas candidatas de hacer frente al encargo tanto por razones de capacidad económica como por cuestiones de tiempo y espacio.

El papel de los ‘embajadores’ catalanes

Las advertencias del Gobierno de Mariano Rajoy a las empresas que intenten ayudar a la Generalitat en su propósito de celebrar el referéndum ilegal ha abierto la posibilidad de que el Govern busque en el exterior un proveedor no sujeto a las “amenazas” del Ejecutivo español.

Aquí es donde entra en juego el papel del consejero de Exteriores de la Generalitat, Raül Romeva, y los delegados que el Govern tiene en países como Suiza o Bruselas. Preguntado por este particular, el departamento de Exteriores niega cualquier posibilidad involucrarse en la operación: “La organización del referéndum depende de vicepresidencia”, afirman.

Pero el papel de esta suerte de embajadores que trabajan al servicio de la internacionalización del procés secesionista puede ganar relevancia en la recta final hacia el referéndum, sobre todo para tratar de sortear los escollos del Gobierno de Rajoy.