Duro análisis del letrado mayor del Parlament y profesor de Derecho Administrativo de la UPF, Antoni Bayona, sobre las bases jurídicas del procés y la contradicción que constata entre el principio democrático y el principio de legalidad en la “estrategia” de la mayoría independentista en la cámara catalana.

Bayona duda de la “legitimidad democrática de la vía unilateral” y carga contra la interpretación de los resultados del 27-S en la Revista Catalana de Dret Públic de Catalunya. También ha tildado de “grave error” que se considere al Estado español como “autoritario”.

El artículo, editado por la Escola d’Administració Pública de la Generalitat, se títula El futur polític de Catalunya: el paper del Parlament. Analiza en 11 apartados la actividad realacionada con el proceso soberanista.

Bayona remarca como premisa que la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional no permite ni a la Generalitat ni al Estado dividir el objeto de la soberanía, que está en todo el pueblo español. Esa misma sentencia, según apunta Bayona, sugiere que el camino para hacer legales ese tipo de consultas es la reforma de la Constitución.

El 27-S, la opinión de algunos

En relación con el 27-S, Bayona recuerda que “solo ha permitido configurar objetivamente, según el régimen electoral vigente, una mayoría parlamentaria que no tiene correspondencia con la mayoría de votos obtenidos por las fuerzas políticas que impulsan el proceso, en relación al conjunto de votos emitidos”.

“Si desde el punto de vista político las elecciones debían constituir un plebiscito para comprobar la existencia de una mayoría social a favor de la independencia de Catalunya, este objetivo político no se logró, ni parece correcto desnaturalizarlo con el criterio de los escaños conseguidos”, sentencia el letrado.

Defensa de la Constitución

Como recoge La Vanguardia, Bayona opina que “puede ser arriesgado confundir esta situación con la existencia de déficits que afecten a la calidad democrática de un estado que, aun así, mantiene los elementos esenciales que lo definen como democrático y de derecho, sobre todo si esta imagen sigue siendo percibida por la comunidad internacional”.

”Pretender, a partir de la constatación de ciertos déficits, que el Estado español mantiene formas autoritarias (postfranquistas) que lo convertirían en no democrático puede suponer un grave error de apreciación política y sobre todo jurídica”, subraya.

Así considera que, pese a la negativa de no permitir un referéndum, “no puede menospreciar el escenario más complejo que se acaba de perfilar ni los instrumentos de que dispone el Estado para defender la integridad de la Constitución”. 

"Movimiento táctico"

“Un proceso de independencia o de secesión en un sistema democrático puede ser más difícil de conseguir que en otra coyuntura, aunque esto pueda parecer contradictorio”, sentencia.

El letrado mayor del Parlament considera que el referéndum sólo es un “movimiento táctico” que “tiene como último objetivo político reforzar la legitimidad de la vía unilateral” que que no dieron las urnas. Sin embargo, considera que su organización no reúne los requisitos mínimos exigibles para un "proceso participativo como éste".