Es una guerra de desgaste. Detrás de la pugna entre PDeCAT y ERC por la gestión del referéndum se esconde el objetivo del vicepresidente Oriol Junqueras de poner a prueba a las consejerías convergentes. Dicho de otra manera, tras la destitución de Jordi Baiget, el exconsejero de Empresa que dudó de la viabilidad del referéndum, los republicanos han puesto el foco en la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, responsable por decreto de los procesos electorales, y en el secretario de Gobierno, Joan Vidal de Ciurana. Ambos pertenecen a la vieja guardia convergente, por lo que esta presión republicana tendría una doble finalidad.
Presión que hace mella en las más altas instancias del Govern. La consejera de Presidencia, la convergente Neus Munté, que hasta ahora se había mantenido fiel al referéndum, comienza a temer por su patrimonio, según ha explicado en círculos privados, en la línea de lo manifestado por Baiget. Desde que Puigdemont ocultó a Munté, portavoz del Govern, su reunión con Mariano Rajoy, las relaciones entre ambos han empeorado.
En paralelo, Junqueras se ha visto obligado a conjurar las críticas de PDeCAT que, tal como publicó Crónica Global, acusa a ERC de eludir sus funciones como máximo responsable de la logística del referéndum, según le encomendó el presidente Carles Puigdemont. La creación de la figura del “conseller del referéndum”, una idea que Junqueras y Puigdemont comparten, ha abonado la tesis del “escaqueo republicano”. Antes de agosto, asegura el Govern, se nombrará a ese coordinador que aglutine la logística del 1-O. Suena Jordi Turull --otro convergente del entorno de Artur Mas que actualmente preside el grupo parlamentario de Junts pel Sí-- como candidato.
Golpe de efecto: la compra de urnas
De ahí que, a modo de golpe de efecto, Junqueras y el conseller de Exteriores, Raül Romeva, presenten el próximo martes en la reunión del Ejecutivo catalán un decreto para comprar las urnas destinadas al referéndum del 1 de octubre. Esta decisión tiene lugar después de que la Consejería de Gobernación declarara desierto el concurso para suministrar las urnas. ERC aprovecha este fiasco convergente para marcar el paso y proponer esa compra directa. Otra cosa es quién firmará ese decreto, que podría hacerse de forma colegiada, y qué efectos legales puede tener.
El decreto 2/2016 de 13 de enero (de creación, denominación y determinación del ámbito de competencia de los departamentos de la Administración de la Generalitat) establece que la responsabilidad de los procesos electorales compete al consejero de Gobernación y al presidente de la Generalitat.
Lo que dicen los juristas
Juristas consultados por este medio aseguran que, penalmente, según el principio de intervención mínima del Derecho Penal y el de causalidad, es la firma del presidente y del consejero responsable la que tiene relevancia penal. Las otras firmas tendrían una relevancia mediática.
Pese a esta supuesta inmunidad, Junqueras necesitaba un gesto que aliviara la presión de la CUP, crítica también con su supuesto “escaqueo”, y que mantenga su entente cordial con el presidente Carles Puigdemont. A su vez, ERC critica la falta de compromiso de los consejeros convergentes, entre los que está incluido el consejero de Interior, Jordi Jané, que tendría una posición clave en el supuesto que se celebrara el referéndum pese a ser uno de los miembros más reacios a la desobediencia. Los republicanos hurgan en la herida convergente, pues los dirigentes de PDeCAT más independentistas también piden gestos a los altos cargos de su propio partido. La destitución de Baiget abrió un cisma entre Puigdemont y la coordinadora de PDeCAT, Marta Pascal. Ambos han intentado pasar página con el compromiso, por parte del president, de informar a Pascal antes de tomar decisiones de este tipo.
Sin embargo, fuentes gubernamentales aseguran que Puigdemont no tiene intención de cesar a ningún otro consejero. Otras cosa es, como busca ERC, que alguno de ellos renuncie por voluntad propia. Fuentes republicanas precisan que nunca se han puesto nombres de ceses encima de la mesa porque "es una facultad del presidente".
"El referéndum lo coordina Junqueras, pero es el Govern el que lo organiza", precisan.