Maria Eugènia Gay, perteneciente a un conocido clan de juristas, es la nueva decana del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB). Entre sus objetivos figura mantener una relación permanente con los ciudadanos y los poderes públicos. Gay, abogada civilista de 42 años, es una firme defensora de la mediación como vía de resolución de los problemas y está dispuesta a blindar la institución colegial de las injerencias políticas.
—¿Cuáles han sido las claves de su victoria?
—Yo veo tres factores. El equipo, principalmente, muy transversal, pues incluye abogados y abogadas de diferentes ámbitos del derecho. La representatividad de todos los colectivos creo que ha hecho que los colegiados se sintieran identificados. Hemos transmitido la imagen de un equipo compacto y paritario. En segundo lugar, defender un programa muy coherente y una campaña muy próxima, muy puerta a puerta. Mediáticamente ha sido muy sencilla, pero también muy clara.
—¿Ha habido juego sucio durante la campaña?
—Pero no hemos entrado en las provocaciones. Hemos sufrido un cierto menosprecio por parte de una de las candidaturas, pero la única manera de responder era ganando.
—¿Cuáles son sus prioridades?
—La toma de posesión es el 13 de julio, pero nuestra prioridad es la transparencia. Queremos rendir cuentas a los colegiados, hacer una liquidación presupuestaria trimestral. También apostamos por la proximidad, porque debemos a los colegiados una protección y que ésta sea visible. Y una rebaja de cuotas del 50% en la colegiación durante los dos primeros años de forma inmediata, para ayudar a los abogados jóvenes, así como en los últimos tres años de obligación de pago. Asimismo, renegociaremos la póliza de responsabilidad civil abriendo conversaciones con la actual compañía aseguradora, pues hubo un cambio de condiciones a principios de enero. Se necesita una cobertura mínima sin costes adicionales. Y si no es posible, se abriría un nuevo concurso para obtener la mejor oferta.
Maria Eugènia Gay, en un momento de la entrevista con 'Crónica Global'
—¿Ha habido desconexión entre el colegio y la ciudadanía?
—Es muy importante que el ciudadano sea consciente de la relevancia de la institución. El principal papel de los abogados es defender y proteger los derechos de los ciudadanos. El decano debe estar en permanente contacto con los poderes públicos, con la Administración de Justicia y con los grupos parlamentarios. Pero también con otros colegios profesionales e instituciones de la sociedad civil catalana. Eso exigirá un esfuerzo.
—¿Qué puede hacer el Colegio de Abogados para mejorar el lento funcionamiento de la justicia?
—Es lamentable la situación que se está produciendo, pues es muy perjudicial para nuestros clientes. Es fundamental que el colegio colabore con la Administración de Justicia para dar respuesta rápida a los expedientes judiciales. No tiene sentido que la justicia sea tan lenta y que el ciudadano tenga una imagen tan negativa de la misma. Eso comporta una mayor inversión, reclamar más recursos y atención a las oficinas judiciales.
—Usted es muy partidaria de la mediación para descongestionar la justicia. ¿En qué casos es aconsejable?
—En el ámbito de la familia ya se está haciendo, pero también se podría hacer en el del derecho de sucesiones, en controversias hereditarias. Y en asuntos de responsabilidad civil, en reclamaciones de cantidad. Y en el ámbito mercantil y del consumo, donde, por ejemplo, se ha producido la polémica de las cláusulas suelo. Debe haber una apuesta muy firme de la Administración por la mediación. Pero nos falta que la sociedad confíe en esta vía y corresponde a los poderes públicos promocionarla.
—El asunto de los pisos turísticos genera un fuerte debate social. ¿Qué puede hacer el colegio en este sentido?
—El colegio tiene una comisión de normativa que analiza los problemas que tiene la sociedad y las soluciones que se pueden dar a asuntos como los pisos turísticos o también la ocupación de viviendas, donde el ICAB ha promovido una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil a través del PDeCAT, pero que han apoyado el resto de partidos. Esta ley contempla medidas cautelares en caso de desalojo. El asunto de los pisos turísticos se debe analizar de forma muy estricta, qué tipo de contrato se ha hecho, si contempla la posibilidad de realquiler... Si no es así, se debe acudir a un abogado para que pueda asesorar.
—¿El ciudadano puede acudir al ICAB para asesorarse?
—El colegio tiene un servicio de orientación jurídica que hace esta primera orientación.
—Pero se tiene la imagen de que los abogados son muy caros.
—El servicio de orientación jurídica es muy preliminar, no puede ser entendido como asesoramiento, pues de eso se ocupa un abogado. Es muy importante el papel preventivo. Hay que trasladar a la sociedad que si se hace bien un contrato, se evitarán muchos conflictos. En muchas ocasiones, se firma un contrato sin consultar a un profesional del derecho. Y eso también es extensivo a los testamentos o a la constitución de empresas, por ejemplo.
—Pero, insisto, ¿es caro ese asesoramiento?
—A la larga ahorra dinero porque puede salir mucho más caro no haber acudido a un abogado o no haber tenido una buena planificación. No solo económicamente, también emocionalmente.
La institución no puede tener opiniones políticas porque la colegiación es obligatoria y representamos a 24.000 abogados. Yo, como decana, me debo a todos ellos
—Su mandato coincide con una situación política en Cataluña complicada. ¿Será fácil mantener la neutralidad?
—Debe ser así, no es posible de otra manera. En el seno de la institución, el debate será siempre bienvenido, para que todos los abogados y abogadas de Barcelona puedan opinar. Pero la institución no puede tener opiniones políticas porque la colegiación es obligatoria y representamos a 24.000 abogados. Yo, como decana, me debo a todos ellos.
—El traslado de la Modelo ha suscitado críticas por parte de los abogados. ¿Qué postura tiene?
—Es un tema que depende de la consejería de Justicia. Pero lo que sí tenemos presente es la problemática que ha generado a los abogados y a los familiares de los presos. Al haberse repartido los presos preventivos en diferentes cárceles, la inmediatez y el contacto físico se han resentido. Hay alternativas.
—¿Las videoconferencias?
—La actual junta de gobierno aprobó la realización de videoconferencias gratuitas y nosotros lo mantendremos. También se pueden facilitar los desplazamientos a los abogados de oficio, que pierden horas. Queremos ofrecer un servicio para que los abogados puedan visitar a sus clientes. La idea es poder consensuarlo con la comisión del turno de oficio.
—¿Pesa el apellido?
—Pesa en cuanto a exigencia. Eres consciente de que debes hacer bien las cosas porque tienes un bagaje familiar. He vivido un ambiente familiar de exigencia. Pero una vez vuelas sola profesionalmente, intentas mantener el prestigio de la familia de la que procedes. Eso es un reto. Pese a respetar la labor que ha hecho mi padre durante años, también me gusta reclamar mi identidad y mi manera de entender la profesión.